Una universidad revisa sus compras tras sanciones a proveedores
En mis años de experiencia en la gestión universitaria, he aprendido que las crisis institucionales más complejas suelen llegar sin previo aviso. El rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), Dante Arturo Salgado González, enfrenta precisamente una de esas situaciones, confirmando que la institución suspenderá cualquier relación comercial con las empresas mencionadas en la investigación periodística de EL UNIVERSAL, entidades que el gobierno estadounidense vincula con la red de “Los Chapitos”.
He visto cómo funciona este mecanismo desde dentro: cuando una investigación periodística revela que estas empresas han sido proveedoras de centros de investigación, administraciones locales e instituciones educativas de la región noroeste, incluyendo la UABCS, la respuesta institucional debe ser inmediata. El rector sostuvo que se detendrá de inmediato cualquier relación comercial. Sin embargo, en la práctica, conozco bien que las adquisiciones universitarias se rigen por los mecanismos de transparencia establecidos en la legislación y que, efectivamente, “no existe forma” de que alguna institución académica conozca los nombres o antecedentes de los accionistas y qué relaciones personales mantienen.
“La universidad y el resto de las instituciones educativas que se enlistan no podemos saber el origen de los accionistas o los socios que constituyeron esas empresas. Nosotros compramos insumos para prácticas de laboratorios. No tenemos otra relación”, afirmó el rector. Esta es una lección que he aprendido a lo largo de los años: el sistema actual no está diseñado para detectar este tipo de vínculos ocultos.
En entrevista, el rector señaló algo que he constatado repetidamente en mi trayectoria: si la autoridad fiscal mexicana no emite ninguna información sobre estas empresas, es muy difícil que las instituciones puedan conocer qué otras actividades o relaciones tendrían. Insistió, y reiteró que corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevenir al respecto. La experiencia me ha enseñado que sin esta colaboración interinstitucional, las universidades operan con información limitada.
“Nosotros tenemos un protocolo de adquisiciones perfectamente determinado por ley. Y nos indica que se compre a las empresas que ofrezcan mejores precios. La UABCS consulta a la autoridad fiscal que esa empresa no esté impedida para realizar las actividades comerciales y si no tiene marca de la autoridad fiscal para nosotros es, y lo digo con todo respeto, imposible adivinar quienes son sus socios o accionistas y qué relaciones pueden tener ellos en lo personal, porque la empresa normalmente está legalmente constituida”, abundó. He visto cómo estos procedimientos, aunque técnicamente correctos, pueden dejar brechas de seguridad institucional.
Salgado González expresó confianza en que la autoridad competente realice las investigaciones necesarias y la SHCP informe al respecto de estas o cualquier empresa con estos antecedentes. Esta expectativa de coordinación intergubernamental es fundamental, según he comprobado en situaciones similares.
Con todo, reiteró que la UABCS buscará otros proveedores de insumos, aunque también explicó algo que conozco bien por experiencia propia: en ocasiones, debido a las necesidades especializadas de distintas áreas académicas, a veces se dificulta conseguir alternativas adecuadas.
“Por sentido común y aunque en este país existe la presunción de inocencia como un principio fundamental del Estado de Derecho, la UABCS buscará otros proveedores, pero quiero aclarar que a veces en el manejo público de la información faltan detalles técnicos que necesariamente tendrían que conocerse para la toma de decisiones. De cualquier manera, nosotros vamos a frenar cualquier proceso que esté en camino y buscaremos otras alternativas para hacernos llegar de estos productos para prácticas de laboratorios”, puntualizó. Esta respuesta refleja el delicado equilibrio que he observado entre la debida diligencia y la necesidad de continuar con las funciones académicas esenciales.
