Erasmo Medina Cruz, quien fungió como presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, fue asesinado a tiros durante la mañana del 23 de diciembre de 2025. La Fiscalía General del Estado confirmó el hecho, catalogándolo de inmediato como un delito de alto impacto por la relevancia de la víctima y las circunstancias del crimen.
Los hechos ocurrieron al interior de un domicilio particular ubicado en la calle Moctezuma, en la zona centro del municipio y a escasa distancia del Palacio Municipal. De acuerdo con las primeras indagatorias de la autoridad, el exedil fue atacado con un arma de fuego y recibió al menos tres impactos de bala en la cabeza, lo que le provocó la muerte en el acto.
“Los hechos ocurrieron la mañana de este 23 de diciembre de 2025, al interior de una vivienda en Xoxo. De acuerdo con las primeras indagatorias, la víctima fue atacada con disparos de arma de fuego, sufriendo lesiones que le provocaron la muerte”.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, se refirió al suceso en conferencia de prensa, lamentando el crimen y confirmando la presencia de elementos ministeriales en el sitio. “Asesinaron a Erasmo Medina, expresidente municipal de Xoxocotlán. Ya se encuentra la Fiscalía, está en el lugar de los hechos. Sí, está confirmado este asesinato lamentable”, declaró la máxima autoridad estatal.
La respuesta institucional fue inmediata y de considerable envergadura. La Fiscalía desplegó en el lugar un equipo multidisciplinario de su Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, cuya misión es abordar investigaciones complejas que, por su naturaleza, generan conmoción social. Como parte del protocolo, se inició la carpeta de investigación con el número 33129/UEIH/2025, que constituye el expediente formal para recabar todas las evidencias y testimonios.
Para preservar la escena del crimen y permitir el trabajo pericial sin contaminación, las autoridades procedieron al cierre total de la calle, restringiendo el acceso a civiles y curiosos. Este procedimiento es fundamental para la recolección de pruebas físicas, como casquillos balísticos, huellas o cualquier otro elemento que pueda establecer la dinámica del ataque y aportar pistas sobre los responsables.
Hasta el momento, tanto la Fiscalía como el gobierno estatal han evitrado especular sobre las posibles líneas de investigación. No se ha informado sobre detenidos, y el móvil del crimen permanece oficialmente sin determinar. La incertidumbre se cierne sobre si el ataque pudo tener raíces en enemistades personales, conflictos políticos residuales de su gestión o está vinculado a la violencia criminal que afecta a diversas regiones del país. La falta de datos concluyentes en esta fase inicial es habitual, pero también subraya la complejidad que suele rodear los ataques contra figuras públicas.
En un comunicado, la Fiscalía refrendó su compromiso de llevar a cabo “investigaciones exhaustivas y eficaces” para esclarecer los hechos y garantizar la procuración de justicia. Este lenguaje, formal y protocolario, responde a la necesidad institucional de transmitir certidumbre a la ciudadanía, aunque el verdadero desafío será traducir esas palabras en resultados concretos. El asesinato de un exfuncionario electo no es un hecho aislado; se inscribe en un patrón de violencia que erosiona la estructura democrática local, intimida a la clase política y siembra temor en la comunidad. La capacidad de la autoridad para resolver este crimen será una prueba tangible de la fortaleza de las instituciones en Oaxaca y enviará un mensaje decisivo sobre la impunidad o la justicia.
