En el último día de sesiones, llegó a la Cámara de Diputados la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador con la que propone reformar 18 artículos de la Constitución a fin de “suprimir” al INE y crear un nuevo organismo “independiente” que se llamaría Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), buscaría recortar el número de legisladores, así como limitar el financiamiento de los partidos políticos.
“Se plantea transformar la institucionalidad electoral al suprimir al INE y crear en su lugar el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) como autoridad electoral independiente garantizando los principios rectores de la función electoral, como siempre debió haber sido. El INEC sería la única autoridad administrativa electoral del país. Sus funciones absorberían las de los órganos públicos locales (OPL), es decir, organizaría la totalidad de los procesos electorales de la República, a nivel nacional, estatal y municipal”, puntualiza el proyecto.
De igual forma, propone reducir de 11 a siete el número de consejeros electorales. También propone que consejeros y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sean electos mediante el voto directo de los ciudadanos, a realizarse en febrero de 2023. Señala que por única ocasión “los consejeros del organismo y magistrados del Tribunal Electoral serán elegidos en una jornada que se realizará el primer domingo de febrero de 2023. Para ello, la Cámara de Diputados deberá emitir la convocatoria durante septiembre de este año”.
El nuevo órgano elimina a los distritos electorales y la estructura distrital; “el nuevo INEC se conformará de órganos temporales y auxiliares, en especial en los periodos electorales, que concentren las funciones que han sido fragmentadas en innumerables unidades administrativas”.
De igual forma, se plantea extinguir a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) a partir de la instalación del Consejo General del INEC, “cuyos recursos financieros y materiales serán transferidos a este organismo”.
Señala que los magistrados que actualmente están en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cesarán sus funciones una vez que rindan protesta los magistrados elegidos por la población: “En el mismo momento quedarán disueltos los tribunales electorales de las entidades federativas, y su respectivo patrimonio y recursos humanos serán asignados al gobierno local correspondiente”.
En tanto, las salas regionales entregarán al Tribunal Electoral la totalidad de los expedientes que se encuentren en trámite, así como la totalidad de su acervo documental. Aclara que se respetarán los derechos laborales de los trabajadores adscritos a cada uno de dichos organismos.
“Desde sus antecedentes, el actual INE y el TEPJF fueron integrados por cuotas partidistas y cooptados por grupos de poder, en detrimento de su imparcialidad en favor de la democracia. La presente iniciativa busca reivindicar a la ciudadanía como fuente de poder y representación de estas instituciones clave en el funcionamiento de los poderes formales del país”, afirma el proyecto.
Establece que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) será el encargado de coordinar las acciones de desincorporación y transferencia de archivos, “ya que los recursos materiales, humanos y presupuestarios pasarán del INE al nuevo organismo”. Por ese motivo, el titular del INE tendrá 15 días a partir de que la reforma esté vigente para entregar un balance financiero del órgano electoral al titular del Indep.
La iniciativa también reduce de 40% a 33% el umbral para que el ejercicio de revocación de mandato sea vinculante.
López Obrador planteó además reformar los artículos 52 y 56 constitucionales para que la Cámara de Diputados pase de 500 a 300 legisladores, y la de Senadores de 128 a 96.
Para ello se eliminará la mayoría relativa y se transitará a un nuevo modelo basado en un proceso de elecciones por entidad federativa, con el uso de listas postuladas por los partidos y candidaturas independientes.
Adicionalmente, la reforma electoral limita el financiamiento de los partidos políticos sólo para gastos de campaña electoral y suprime el llamado financiamiento ordinario que se les entrega de manera mensual.
Establece que los recursos de los partidos políticos nacionales y locales destinados a actividades ordinarias permanentes “provendrán de aportaciones de personas físicas”, mientras que los recursos para campañas electorales “provendrán del financiamiento público y de aportaciones de personas físicas mexicanas según establece la ley”.
Con dicha reforma se busca ahorrar 24 mil millones de pesos. Según los artículos transitorios, “el Congreso de la Unión tendrá 90 días para expedir la legislación única en materia electoral que se derive del presente decreto”.
Para aprobar esta reforma constitucional se requieren dos terceras partes de los votos de los 500 diputados más uno, es decir, 334. Al igual que con la reforma eléctrica, Morena y sus aliados no tienen los sufragios para avalarla, pues en su conjunto tienen 276 legisladores. Ello implica que deberán convencer a al menos 58 diputados de oposición.
Fuente: El Universal
