Las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico en la Línea Z del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, han decidido llevar su caso a la esfera penal. Este miércoles, a las 11:00 horas, presentarán una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. Su acción legal se dirige contra un conjunto de empresas constructoras, contratistas y servidores públicos cuya presunta responsabilidad, por actos u omisiones, pudo ser determinante en la ocurrencia de la tragedia.
El siniestro, registrado el pasado 28 de diciembre de 2025, dejó un saldo de catorce personas fallecidas y más de un centenar de heridos, marcando uno de los accidentes ferroviarios más graves en la historia reciente de México. La decisión de las víctimas y sus familias de emprender acciones penales surge tras un periodo de análisis y recopilación de evidencias, apuntando a lo que describen como fallas sistémicas en el proyecto.
Antes de ingresar a la sede ministerial, los representantes de las víctimas, acompañados por su equipo legal, ofrecerán una declaración pública a los medios de comunicación. En ella, expondrán los fundamentos de su denuncia y harán del conocimiento público los documentos que sustentan sus acusaciones. Este paso busca no solo cumplir con un formalismo procesal, sino también ejercer presión social y mantener la transparencia en un caso de alto interés público.
El núcleo de la denuncia radica en la identificación de irregularidades técnicas y administrativas. Según la información manejada por los afectados, existirían graves deficiencias en las fases de construcción, rehabilitación, supervisión y operación de la Línea Z. Estas fallas, que abarcarían desde posibles vicios ocultos en la obra civil hasta negligencias en los protocolos de mantenimiento y control, configurarían un escenario de riesgo previsible que no fue mitigado.
La presentación de esta denuncia penal representa un punto de inflexión. Trasciende el ámbito de las investigaciones administrativas internas o de posibles compensaciones económicas, para adentrarse en la búsqueda de responsabilidades jurídicas individuales.
Al señalar a servidores públicos, la acción cuestiona directamente los mecanismos de supervisión estatal sobre un proyecto estratégico de gran envergadura. Simultáneamente, al incluir a empresas privadas, pone el foco en el cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad contractualmente obligatorios.
El proceso legal que se inicia será complejo y probablemente prolongado. Implicará pericias técnicas para determinar las causas materiales exactas del descarrilamiento, así como auditorías forenses para rastrear la cadena de decisiones que llevaron al estado de la vía al momento del accidente.
El resultado de esta acción no solo busca justicia para las víctimas directas, sino que también podría establecer precedentes cruciales para la rendición de cuentas en megaproyectos de infraestructura en el país, enfatizando que la seguridad operativa debe ser la prioridad incuestionable por encima de calendarios políticos o intereses económicos.
