Durante el desarrollo de una sesión remota de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, dedicada a analizar la crucial Ley de Aguas Nacionales, se produjo un incidente que ha generado un intenso debate sobre la ética y responsabilidad de los servidores públicos. El diputado federal Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista y figura pública de amplio reconocimiento, fue captado en video mientras aparentemente jugaba al pádel, justo en el momento en que se llevaba a cabo una discusión parlamentaria de alta relevancia para el futuro hídrico del país. La situación se desarrolló mientras la presidenta de la comisión, la diputada Erasmo González Robledo, insistía en realizar una votación nominal, requiriendo la participación activa de cada uno de los legisladores.
En lugar de atender el debate, Blanco solicitó de manera explícita que “le contaran la asistencia”, una petición que implica el reconocimiento de su presencia virtual sin una participación sustantiva en los trabajos. Esta solicitud, realizada mientras el micrófono se encontraba abierto, dejó al descubierto su desconexión total del proceso deliberativo. La evidencia visual no dejó lugar a dudas: el diputado apareció con ropa deportiva, sosteniendo una pala de pádel y mostrando un evidente sudor, elementos que confirmaban que se encontraba realizando actividad física en el preciso instante en que debería estar ejerciendo sus funciones de representación popular.
La incongruencia entre su estado y el contexto de una sesión legislativa generó reacciones inmediatas entre sus colegas. Varios legisladores presentes en la sesión virtual no dudaron en señalar la irregularidad. Entre reclamos y comentarios que oscilaban entre la incredulidad y la burla, se escucharon frases como “¡Está jugando pádel, no sabe qué está votando!”, una acusación directa que pone en tela de juicio no solo su compromiso inmediato, sino también la validez de su voto en un asunto de tanta trascendencia. La Ley de Aguas Nacionales representa uno de los marcos regulatorios más importantes en materia de gestión y distribución de recursos hídricos, un tema de seguridad nacional con implicaciones económicas, sociales y ambientales para millones de mexicanos.
Este episodio trasciende la anécdota puntual y plantea serias interrogantes sobre el uso de las modalidades de trabajo a distancia en el ámbito legislativo. Si bien las sesiones remotas fueron implementadas como una medida necesaria durante la pandemia, su continuidad exige un marco de autorregulación y compromiso ético por parte de los diputados. La situación exhibe una vulnerabilidad del sistema: la facilidad con la que un representante puede simular participación mientras dedica su atención a actividades completamente ajenas a sus obligaciones. El incidente involucra a una figura que ha transitado del ámbito deportivo al político, lo que añade un matiz significativo sobre las expectativas de desempeño y profesionalismo que la ciudadanía tiene derecho a exigir a sus representantes, independientemente de su origen profesional.
La confianza pública en las instituciones se construye a partir de la percepción de que los legisladores dedican su tiempo y expertise a analizar, debatir y decidir sobre los asuntos que afectan la vida nacional. Acciones como la observada erosionan esa confianza y proyectan una imagen de frivolidad en el tratamiento de asuntos de Estado. Más allá de la sanción política o disciplinaria que pudiera derivarse de este hecho, el caso sirve como un recordatorio contundente de la necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio legislativo. La ciudadanía espera que sus representantes estén a la altura de los desafíos que el país enfrenta, y episodios como este refuerzan la demanda social por un ejercicio público caracterizado por el rigor, la dedicación y el absoluto respeto hacia la función que se tiene el honor de desempeñar.
