Foto: El Universal.
Un juez de control determinó la vinculación a proceso de Iván “N” y José “N”, empleados de la firma de logística y custodia de valores Águila Bicéfala. Su detención se produjo en Naucalpan mientras transportaban 37 millones de pesos en billetes. La autoridad judicial encontró elementos para procesarlos por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —específicamente en la modalidad de traslado— y por resistencia a la autoridad.
La defensa cuestiona la legalidad de la detención y el proceso
En la audiencia inicial, el magistrado consideró que no se demostró el origen lícito del capital, a pesar de que la defensa exhibió certificados antilavado. Se estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria, que finalizará en febrero, período en el que ambas partes podrán presentar más pruebas.
Al concluir la vista, el abogado defensor Luis Enrique Sánchez tildó la resolución de “precedente irregular” y anunció la interposición de recursos de amparo ante tribunales federales, argumentando una vulneración de los derechos fundamentales de sus clientes. “Nos enfrentamos a un criterio judicial laxo; pese a la falta de evidencia contundente por parte del Ministerio Público, se decretó una vinculación carente de motivación sólida, la cual impugnaremos”, declaró.
Los argumentos de la defensa: desde el alto policial hasta la salud
El litigante acusó a la Fiscalía de no diferenciar entre recursos legales e ilegales, error que, según él, fue ratificado por el juez. Afirmó que la intervención surgió de un operativo de revisión por un supuesto exceso de velocidad que nunca ocurrió, denunciando un claro ejercicio abusivo del poder.
En este marco, informó que presentarán querellas penales contra los agentes involucrados. Además, precisó que la camioneta utilizada era blindada y con cristales tintados, lo que imposibilitaba ver su interior de manera superficial.
Denuncias por vulneración de derechos y el camino legal futuro
Sobre el cargo de resistencia a la autoridad, la defensa aseguró contar con material audiovisual analizado por un perito en ciberforense que, a su juicio, desmonta la acusación. Sánchez reveló que uno de los custodios padece leucemia y requiere medicación especializada, denunciando trabas burocráticas en el sistema carcelario para recibir su tratamiento, lo que calificó como otra violación a sus garantías individuales. Reiteró que continuarán con la búsqueda de evidencias para acreditar la legalidad del dinero y confió en que los tribunales federales revisen el caso con una óptica garantista.
