Yucatán enfrenta crisis de legitimidad en elección judicial con 87% de abstención

Foto: El Universal.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC) reveló los resultados del polémico proceso para elegir a 14 magistrados, marcado por una abstención histórica del 87.33% y un costo estratosférico de 462 pesos por cada voto emitido. La complejidad del sistema -que incluía dos boletas diferentes- generó que el 30% de los sufragios fueran anulados por errores.

Erika Torres López, exfuncionaria estatal, lideró la votación con 119,829 sufragios y asumirá la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, en una elección donde el 23.4% de los votos fueron declarados nulos. El perfil de los ganadores refleja una clara tendencia: cinco de los nueve magistrados provienen directamente de la administración actual, cuestionando la independencia judicial.

Con solo 227,577 votos de 1.7 millones de electores potenciales (12.67% de participación), Yucatán evidencia una brecha alarmante entre la ciudadanía y sus instituciones. La cifra palidece frente al 61% de participación en las presidenciales de 2024, mostrando el escepticismo hacia este innovador -pero fallido- modelo de elección judicial.

El proceso, con un costo total de 105 millones de pesos financiados con recursos públicos, se convierte en uno de los más costosos por voto válido (43.13 pesos) en la historia local. Analistas señalan que la baja participación y alta tasa de errores reflejan fallas estructurales en el diseño del sistema electoral.

Pese a la crisis de legitimidad, el proceso cumplió con paridad de género: 5 mujeres y 4 hombres en el TSJ, 3 magistradas y 2 magistrados en el Tribunal de Disciplina. Los electos asumirán el 1 de septiembre de 2025, enfrentando el reto de restaurar la confianza en un sistema judicial bajo escrutinio.

Este experimento democrático, pionero en México, deja más preguntas que respuestas sobre la viabilidad de elecciones judiciales directas en contextos de desafección ciudadana y complejidad técnica.