La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 324 votos a favor y 129 en contra, una serie de reformas a la Ley General de Salud que contemplan la prohibición absoluta de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos similares. El dictamen establece penas de hasta ocho años de prisión y multas que van de 11 mil a 226 mil pesos para quienes fabriquen, importen, exporten, distribuyan, comercialicen, publiciten o utilicen estos aparatos.
Durante la sesión, la diputada de Movimiento Ciudadano, Irais Virginia Reyes, presentó una moción suspensiva al considerar que se trata de “la reforma más prohibicionista y autoritaria en décadas”. Señaló que las sanciones propuestas superan incluso las aplicadas a delitos de violencia, y advirtió que la medida impulsaría el mercado ilícito al criminalizar toda la cadena comercial. La moción fue rechazada por la mayoría.
El Partido Revolucionario Institucional también expresó su rechazo. La legisladora Ana González criticó que los artículos 282 Quáter y 456 Bis contemplan penas de uno a ocho años de cárcel incluso para personas que adquieran o conserven vapeadores. Afirmó que la propuesta “es extrema” y que, si el objetivo es proteger la salud, debería optarse por incrementar el presupuesto destinado a medicamentos, vacunas y tratamientos.
Por su parte, el diputado panista Éctor Ramírez Barba acusó que el dictamen, de más de 829 páginas y que reforma 150 artículos en 13 temas distintos, se aprobó sin consultar a expertos en salud ni abrir un espacio amplio de discusión parlamentaria.
En medio de las críticas, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, presentó dos reservas para precisar que la intención de la reforma no es detener a jóvenes por el uso de vapeadores, sino combatir su producción y comercialización.
La discusión en lo particular continuará en el recinto legislativo, mientras partidos de oposición advierten que la prohibición podría traer consecuencias contraproducentes en materia de salud pública y fortalecimiento del mercado informal.
