Capturan a expolicía acusado del homicidio de un joven inocente en Tamaulipas

El 8 de agosto de 2025 se confirmó la detención de Luis Enrique “C”, excoordinador de la Policía Estatal Acreditable de Tamaulipas, vinculado al asesinato de Juan Daniel Ortiz, un joven de 23 años ocurrido en febrero de 2020. El caso, que conmocionó a la comunidad de Río Bravo, involucró un operativo donde cuatro patrullas dispararon 242 veces contra la camioneta del ingeniero, quien salía de compras. Las pericias demostraron que la víctima no portaba armas ni representaba amenaza alguna.

Las investigaciones revelaron que los agentes alteraron la escena del crimen para simular un enfrentamiento, intentando justificar el uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, las pruebas forenses y testimonios desmontaron esa versión, exponiendo un acto de brutalidad injustificada. Durante cinco años, los padres de Juan Daniel exigieron justicia ante autoridades estatales y federales, incluyendo una disculpa pública ordenada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debido a las graves violaciones a los protocolos policiales.

Ocho órdenes de aprehensión se emitieron inicialmente contra los implicados, pero la mayoría evadió la acción judicial hasta ahora. Con la captura de Luis Enrique, ya son cinco los detenidos, mientras tres sospechosos —Humberto Camargo Alfaro, Francisco de Jesús Fernández y Eusebio Hernández Gerónimo— permanecen prófugos. La primera audiencia del acusado, programada para el 12 de agosto, definirá su vinculación a proceso por homicidio calificado, delito que podría acarrear una condena superior a 50 años de prisión.

Este caso refleja los desafíos persistentes en materia de abuso policial y lentitud procesal en México. Organismos civiles han destacado la importancia de sentar precedentes ante crímenes cometidos por agentes del Estado, especialmente en contextos donde la impunidad suele prevalecer. La Fiscalía de Tamaulipas, en colaboración con Nuevo León, logró ubicar al expolicía tras un rastreo intermitente, aunque persisten cuestionamientos sobre el tiempo transcurrido y los recursos desplegados para capturar a los demás involucrados.

La familia Ortiz, representada por abogados de derechos humanos, sigue monitoreando el proceso judicial mientras prepara acciones civiles adicionales. Expertos en seguridad pública subrayan que este tipo de resoluciones son cruciales para restaurar la confianza en las instituciones, aunque advierten que el camino hacia la justicia integral aún requiere reformas estructurales en los protocolos de uso de la fuerza y rendición de cuentas.