TAMAULIPAS.- El predio en el municipio de Altamira por el que Eugenio Hernández Flores está en la cárcel ya fue escriturado a nombre del Gobierno de Tamaulipas.
El traspaso ya fue oficializado, pero ni la Fiscalía Anticorrupción, ni el Gobierno del Estado lo han dado conocer.
El traspaso fue efectuado por la empresa GMC Desarrollo Industrial Altamira S.A. de C.V. y por la cual se da por pagado la reparación del daño relacionada a la causa penal 67/2017 del Juzgado Segundo del Ramo Penal.
“Con la transmisión de propiedad de los Polígonos 2 y 3, el Gobierno del Estado de Tamaulipas se da por pagado de la reparación del daño relacionada a la Causa Penal Número 67/2017, del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial, única y exclusivamente por lo que hace a los señores Alberto (N) y Delia del Carmen (N)”.
Dentro de la causa penal 67/2017, se giró orden de aprehensión también a su prestanombres y otras personas, por la probable comisión del delito de Peculado y Operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Como existía la posibilidad de que los polígonos denominados Gob2 y Gob3 sean objeto de delito, el Congreso del Estado de Tamaulipas instruyó a que dichos predios se reincorporaran de manera inmediata al patrimonio estatal y quedara reparado el daño que pudiese haber causado la enajenación del inmueble que originalmente fue llevado del Fideicomiso Nuevo Santander en favor de Materiales y Construcciones Villa de Aguayo.
La transmisión de la propiedad fue firmada por el apoderado legal de la empresa y el entonces Secretario de Administración, Jesús Nader Nasrallah, estipulándose un valor a la propiedad de 6 millones 448 mil 815 pesos, según quedó estipulado en la escritura pública número 3976, Volumen 64, de fecha 19 de diciembre de 2017 y autorizada el 25 de enero del 2018, otorgada ante la fe del notario público Sergio Castillo Padilla.
Los terrenos fueron expropiados por el gobierno federal en 1981 para accesos y otras construcciones en el Puerto de Altamira y en 1994, la Federación a través de un decreto los transfirió en donación al Gobierno del Estado a través de la empresa Canal Intracostero Tamaulipeco S.A, constituida por el entonces gobernador, Manuel Cavazos Lerma, otorgando la concesión para construir, operar y administrar un canal intracostero a través del cual se pretendía unir a Tamaulipas y Texas a través de una vía fluvial de 438 kilómetros.
En el año 2001, el gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba impulsó que se constituyera el “Fideicomiso Nuevo Santander” para fomentar el desarrollo industrial del estado y bajo ese esquema, varias propiedades del patrimonio estatal como las del puerto de Altamira, se transfirieron al Fideicomiso para su administración.
Luego, en el 2004, el diputado Luis Alonso Mejía interpuso una demanda penal contra Tomás Yarrington y Fernando Cano por la venta del inmueble, demanda que fue desestimada por la Procuraduría General de Justicia.
La empresa Materiales y Construcción Villa de Aguayo, en una segunda operación de venta, cinco años después, en 2007 lo transfirió por 16 millones de pesos a la empresa GMC S.A de C.V de Altamira propiedad de Alberto Berlanga Bolado, presunto prestanombres de Eugenio Hernández Flores; estimándose que en ese año el valor real era de mil 054 millones de pesos.
La empresa tramitó el amparo 973/2013-II contra el aseguramiento, mismo que fue concedido y el 14 de enero del 2015 fue cancelada la suspensión definitiva del auto reclamado, archivándose el asunto como totalmente concluido.
Posteriormente el 6 de octubre del 2017, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, dentro de la averiguación previa 14/2017 dictó el acuerdo de aseguramiento precautorio de bienes para los polígonos 2 y 3 de Altamira, propiedad de GMC Desarrollo Industrial Altamira y que finalmente ya fueron escriturados a nombre del Gobierno del Estado de Tamaulipas.
AGENCIAS
