Declaran culpable a exsecretario de Educación en Tamaulipas; se avecinan más sentencias por corrupción

Mario “G”, exsecretario de Educación de Tamaulipas durante la administración de Francisco García Cabeza de Vaca, fue declarado culpable por los delitos de peculado y ejercicio ilícito del servicio público, convirtiéndose en el primer exfuncionario de alto nivel del sexenio anterior en ser condenado penalmente. La sentencia podría alcanzar hasta 20 años de prisión.

La resolución fue emitida por la jueza Martha Patricia Rodríguez Salinas, quien fijó para el próximo 26 de agosto la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. La investigación reveló que, entre 2018 y 2022, el exfuncionario firmó un convenio irregular con una aseguradora sin facultades legales, desviando más de 8 millones de pesos de recursos públicos hacia cuentas no autorizadas, incluida la suya.

Este caso es solo una de más de 100 denuncias interpuestas por la actual administración estatal contra exservidores públicos del gobierno anterior. Al menos cuatro exsecretarios más se encuentran en distintas etapas de juicio, enfrentando acusaciones por desvío de recursos, contrataciones indebidas y otras irregularidades graves.

Uno de ellos es Rómulo “G”, exsecretario de Bienestar Social, quien permanece en prisión preventiva desde enero de 2025. Se le acusa de haber adjudicado de manera directa la compra de 2.6 millones de despensas, con un valor de 650 millones de pesos, sin los procesos administrativos requeridos.

Otro caso avanzado es el de Gilberto “E”, extitular de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, quien ya ha sido vinculado a proceso en tres ocasiones por presuntas condonaciones indebidas a empresas sancionadas, generando un daño estimado de 4.7 millones de pesos al erario. Actualmente enfrenta su proceso en libertad bajo medidas cautelares.

Por su parte, Jesús Alberto “S”, exsecretario de Administración, es considerado prófugo de la justicia al no haberse presentado ante el juez pese a las múltiples órdenes de comparecencia. En su contra pesan acusaciones por contratos fraccionados, adquisiciones irregulares por más de 125 millones de pesos, y un presunto peculado por 180 millones, mediante un contrato simulado con la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

La excontralora gubernamental Elda Aurora “V” también ha sido vinculada a proceso en dos ocasiones, acusada de participar en las adjudicaciones irregulares mencionadas. Continúa bajo investigación judicial y se espera que en los próximos meses se definan nuevas etapas del proceso en su contra.

Aunque los procedimientos iniciaron desde la entrega-recepción de octubre de 2022, el avance fue lento en un inicio por retrasos en las investigaciones y problemas con las carpetas judiciales. Sin embargo, las autoridades actuales aseguran que el trabajo conjunto con la Fiscalía Anticorrupción ha permitido dar solidez a los casos que ya se encuentran en tribunales.

Este conjunto de procesos marca un precedente en la rendición de cuentas en Tamaulipas, y podría derivar en más sentencias contra altos exfuncionarios del sexenio anterior. La lucha contra la corrupción, aseguran desde el gobierno estatal, se sostiene sobre pruebas documentales y procesos jurídicos transparentes, no sobre motivaciones políticas.

AGENCIAS