El ex director de la aduana de Tampico, quien hoy es testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR) bajo el nombre clave “Santo”, reveló la existencia de una red de corrupción que permitió el ingreso ilegal de millones de litros de combustible en ese puerto, entre 2023 y 2025.
De acuerdo con su testimonio, la operación era controlada por la organización conocida como Los Primos, encabezada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, ambos de alto rango en la Marina y sobrinos del actual secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.
Sobornos millonarios
El esquema consistía en cobrar una “cuota” de 1 millón 750 mil pesos por cada buque, dinero que se repartía entre personal naval y de aduanas para garantizar el paso sin revisiones.
Entre 2024 y principios de 2025, atracaron en Tampico entre 12 y 14 buques cargados con hidrocarburos, bajo documentos falsos que reportaban supuestos “aditivos para aceites lubricantes”.
Santo aseguró haber distribuido personalmente cerca de 25 millones de pesos en sobornos, entre ellos:
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300 mil pesos para él.
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250 mil pesos para personal de UNAPROP.
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200 mil pesos para el subdirector de operaciones de la aduana, Claudio Estudillo Villalobos.
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125 mil pesos para varios jefes de departamento y mandos medios.
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100 mil pesos para verificadores y capitanes.
Buques involucrados
Entre las embarcaciones señaladas están:
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MTM Hamburg
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Ardmore Chippewa
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Ardmore MTM Dublin
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Hansa Sealancer
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Cosmic Glory
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Torm Louise
La ruptura
El quiebre con Los Primos ocurrió el 19 de abril de 2025, cuando Santo temió por su vida tras un presunto intento de secuestro. Asegura que ese día decidió acudir a la FGR para entregar 30 millones de pesos que tenía bajo resguardo y confesar toda la operación.
“Me siento triste, impotente y avergonzado por no haber actuado antes, fui engatusado y manejado”, declaró ante la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (Femdo).
Investigación en curso
La FGR abrió la causa penal 305/2025, donde se señala la participación de titulares, subdirectores, jefes de departamento y agentes de la ANAM, quienes habrían permitido que el contrabando operara al menos durante un año y medio.
Las investigaciones apuntan a que se falsificaron documentos y que incluso las pruebas de laboratorio fueron manipuladas para encubrir que la carga se trataba de hidrocarburos.
En total, la Fiscalía calcula que el dinero recibido ilegalmente por Santo asciende a 24 millones 500 mil pesos, mientras que la red completa habría movido cantidades mucho mayores.
