La Fiscalía General de la República (FGR) prepara el nombramiento de un nuevo delegado en Tamaulipas, designación que se prevé concretar esta semana, luego de más de seis meses de que la representación estatal permanece bajo encargo interino tras el asesinato de su anterior titular en Reynosa.
El 4 de agosto de 2025 fue ejecutado en Reynosa el entonces delegado de la FGR, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna. El ataque ocurrió en una vialidad principal de la ciudad fronteriza y marcó un punto crítico en la seguridad institucional en la región.
De acuerdo con las primeras líneas de investigación, el homicidio estaría relacionado con un aseguramiento de combustible ilegal en la frontera. Días antes del crimen, a finales de julio de 2025, un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en coordinación con la FGR y el Gabinete de Seguridad, logró el decomiso de más de un millón 800 mil litros de gasolina y otros combustibles presuntamente vinculados al huachicol.
En ese operativo también se aseguraron nueve tractocamiones, 12 motobombas, 39 tanques de almacenamiento móviles conocidos como “frac tanks”, tres vehículos, dos generadores de energía y una barredora industrial. La dependencia, entonces dirigida por Alejandro Gertz Manero, señaló en su momento que la violencia y brutalidad del ataque apuntaban a una probable reacción de la delincuencia organizada tras el “grave descalabro” sufrido por ese decomiso.
Tras el homicidio, la Federación reforzó la presencia de fuerzas federales en Tamaulipas y abrió una carpeta de investigación; sin embargo, hasta ahora no se han informado públicamente detenciones concluyentes relacionadas con el crimen.
Reynosa es considerada un punto estratégico para investigaciones por delincuencia organizada, tráfico de armas, hidrocarburos y drogas, por lo que la jefatura estatal de la FGR no es un cargo menor, ya que define la coordinación operativa y las prioridades en la persecución de delitos federales.
El relevo en la delegación ocurre en un contexto político e institucional sensible, con ajustes en diversas representaciones federales en la entidad. El perfil que sea designado enfrentará litigios complejos, presión de grupos criminales y una exigencia pública de resultados en una de las regiones más desafiantes del país en materia de seguridad.
