Un grupo de jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas se ha sumado a un reclamo nacional que agrupa a más de 120 mil ex trabajadores afectados por la retención de sus fondos de ahorro para el retiro. El conflicto, que se originó en 2008 con la firma de un convenio entre el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y el gobierno federal, involucra un monto total que ronda los 45 mil millones de pesos en todo el país.
La movilización en Tamaulipas cobró fuerza con la formación de una delegación estatal de la Unión Nacional de Comités, conocida como Uncimss, liderada por Juan Ángel Castillo. Esta organización espera aglutinar a más de 11 mil ex trabajadores del estado. En su primera asamblea, los afectados analizaron la situación actual, la cual ha escalado hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El núcleo del problema reside en un convenio adicional para jubilaciones y pensiones, establecido en 2008, que permitió la retención del fondo de ahorro que pertenece legítimamente a los trabajadores. Esta situación impacta a un universo total de 359 mil personas que cumplieron con su periodo laboral al alcanzar los 60 años de edad. Según los cálculos de la organización, a cada uno de los afectados se le adeuda un promedio de 400 mil pesos, un capital crítico para su bienestar durante la vejez.
Juan Ángel Castillo explicó que el objetivo principal de la asociación es resolver la recuperación de los ahorros depositados en las cuentas individuales de las Afores, específicamente en los rubros de cesantía, vejez y cuota social. Subrayó que la Uncimss es una organización que privilegia el diálogo con las distintas dependencias responsables de hallar una solución a sus demandas.
Para coordinar este esfuerzo a nivel nacional, se han establecido 28 comités en diversas entidades de la República Mexicana, integrados exclusivamente por jubilados y pensionados del IMSS. Los representantes de Tamaulipas anunciaron que en fechas próximas realizarán una convocatoria para una marcha pacífica en la Ciudad de México, con el fin de visibilizar su causa ante las autoridades federales.
Un desarrollo jurídico crucial en este caso es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el amparo 246/2024. El objetivo de este proceso es revisar y, potencialmente, modificar la jurisprudencia 185/2008, que actualmente es el fundamento legal que impide la entrega de los ahorros a los más de 120 mil jubilados. La resolución de la Corte podría sentar un precedente vital para el desenlace del conflicto.
Los jubilados también han señalado una problemática adicional relacionada con las políticas del sindicato. Critican lo que denominan “políticas activistas” en la tasa de previsión y ahorro, las cuales, según argumentan, operan de manera similar a una entidad bancaria privada. En periodos de crisis económica, estas tasas de interés se elevan significativamente, llegando en algunos casos a un 18 por ciento, lo que agrava la situación financiera de los afiliados.
Paralelamente a la batalla legal, la Uncimss promueve iniciativas legislativas. Están impulsando en las Comisiones de Seguridad Social, Derechos Humanos y del Trabajo del Congreso una reforma a la Ley del Seguro Social y a las leyes que rigen los sistemas de ahorro para el retiro. Su propósito es evitar que situaciones como la actual se repitan en el futuro, garantizando la protección de los ahorros de los trabajadores y estableciendo mecanismos más transparentes y justos para el manejo de estos recursos. La lucha de estos jubilados no es solo por la restitución de un capital, sino por la reivindicación de un derecho fundamental tras una vida de trabajo.
