Un juez federal decretó la vinculación a proceso del Vicealmirante Manuel Roberto y otras nueve personas, entre marinos y funcionarios aduaneros, por su presunta participación en una compleja red dedicada al desembarque de combustible ilegal. Los hechos se registraron en las aduanas marítimas de Altamira y Tampico, donde se investiga la manipulación de 31 buques cargados con huachicol fiscal durante un período de dos años.
Mario Martínez Elizondo, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, determinó después de una audiencia de más de 17 horas que existían elementos suficientes para procesar a los implicados por el delito de delincuencia organizada, con el propósito específico de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos. La resolución judicial destacó la gravedad de los hechos y la estructura del grupo delictivo.
Durante la audiencia, el juzgador rechazó invalidar las declaraciones iniciales del Capitán Alejandro Torres Joaquín, quien fuera director de la Aduana de Tampico. El magistrado argumentó que, si bien estas declaraciones fueron rendidas sin la figura de testigo protegido, su validez se mantiene. Fundamentó su decisión en el contexto de extrema violencia que rodea el caso, el cual incluye el asesinato de dos personas vinculadas a la investigación: el Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar y la funcionaria de la Fiscalía General de la República (FGR), Magaly Janet Nava Ramos. El juez señaló que estos homicidios parecen tener la intención de silenciar a potenciales denunciantes, creando un efecto inhibidor sobre quienes podrían aportar información crucial.
En su análisis, el juez Martínez Elizondo aclaró que no era necesario acreditar que cada uno de los 31 buques hubiera descargado hidrocarburos ilegales para decretar la vinculación a proceso. El eje de la decisión radicó en demostrar la existencia de un grupo delictivo organizado que operaba de manera sistemática. Los datos de prueba presentados por la FGR, según su evaluación, permiten suponer razonablemente que los acusados participaron en las conductas imputadas.
Como medida cautelar, el juez ratificó la prisión preventiva oficiosa para la mayoría de los procesados. Los hombres permanecerán recluidos en el Penal del Altiplano, mientras que dos de las tres mujeres implicadas cumplirán su prisión preventiva en el Penal Federal Femenil de Morelos. No obstante, uno de los marinos procesados, el Capitán Humberto Enrique, solicitó ser trasladado a una prisión militar, alegando que él y sus compañeros habían recibido amenazas por parte de otros internos desde que su condición de miembros de la Armada fue conocida. El juez denegó la petición, indicando que primero debe analizarse si una instalación castrense reúne las condiciones adecuadas para el desarrollo transparente del proceso judicial.
Se estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria, período durante el cual la FGR y los defensores de los acusados deberán integrar sus respectivas pruebas y argumentos. Entre los procesados se encuentra el sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, lo que añade un matiz de alto perfil al caso. La lista de imputados incluye a los Capitanes de Navío Climaco y Humberto Enrique; a los Capitanes de Fragata Sergio, Carlos de Jesús y Fernando Ernesto; así como a funcionarios civiles de las aduanas implicadas: Endira Xóchitl, Anatalia, Ismael y Perla Elizabeth.
Precisamente, Perla Elizabeth es la única acusada que no enfrentará la prisión preventiva en sus inicios. Atendiendo a su estado de gestación de 12 semanas, el juez le impuso como medida cautelar el arraigo domiciliario en su vivienda de Tampico, Tamaulipas, junto con la obligación de portar un brazalete electrónico de monitoreo. Este caso evidencia los desafíos operativos y de seguridad que enfrentan las instituciones mexicanas en su lucha por combatir el robo de hidrocarburos, un delito que afecta significativamente la economía nacional y la seguridad energética.
