El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Tamaulipas ha intervenido en más de 800 casos relacionados con personas adultas mayores en lo que va del año. La inmensa mayoría de estas intervenciones están vinculadas a situaciones de abandono y una grave falta de atención por parte del núcleo familiar, una problemática que ha escalado hasta convertirse en una preocupación pública y de salud comunitaria.
El caso de Nilda Perales Ramos, una mujer de la tercera edad que fue encontrada abandonada en una silla de ruedas a la orilla de una carretera en Matamoros, presuntamente drogada para dejarla inconsciente, ejemplifica de manera cruda la vulnerabilidad extrema que enfrentan muchos ancianos en el estado. Este incidente, ampliamente difundido, sirvió para visibilizar una realidad que suele ocurrir puertas adentro. Las estadísticas oficiales indican que el sistema atiende un promedio de al menos 25 casos de abandono total cada mes. Sin embargo, la soledad y el desamparo no se limitan a quienes son dejados en la calle. Muchos adultos mayores, aun viviendo bajo el mismo techo que sus familiares, sufren una desatención profunda que deriva en severos deterioros psicológicos y físicos.
La directora del DIF Tamaulipas, Patricia Eugenia Lara Ayala, ha sido enfática al señalar que el reporte más recurrente en las procuradurías es precisamente el abandono familiar. “No todos están en situación de calle o abandono total; normalmente tienen familia, pero la familia no se hace responsable de apoyarlos”, ha explicado en reiteradas ocasiones. Según la funcionaria, en muchos casos los hijos u otros familiares esgrimen conflictos pasados como justificación para su negligencia. Ante esto, la Procuraduría del DIF actúa como mediadora, intentando conciliar a las partes, que a menudo incluyen a hijos que ahora son adultos e incluso adultos mayores ellos mismos. La labor de la institución no se limita a la intermediación; a los más de 800 ancianos atendidos este año se les ha brindado apoyo integral en las áreas jurídica, psicológica y de trabajo social, además de gestionar recursos y medicamentos que sus familias les niegan.
La dimensión del problema se aprecia en casos como el de Francisco Hernández Acosta, un hombre de 62 años encontrado postrado en una banca del Centro Histórico de Tampico, con heridas infectadas y ampollas en las piernas. Comerciantes de la zona lo reconocían, señalando que llevaba días en ese estado. Aunque personal médico del DIF Tampico lo valoró y constató lesiones considerables, el señor Francisco se resistió inicialmente a ser trasladado, alegando problemas con su familia. Finalmente, fue llevado a las instalaciones del DIF en Altamira para recibir aseo, atención médica y comenzar un tratamiento, mientras se intenta localizar a sus familiares en la zona industrial.
El abandono y la desatención son solo una faceta de la violencia que padecen. En Tampico, el Instituto de la Mujer ha documentado que, en un año, 40 adultos mayores denunciaron haber sido despojados de un terreno o de su propia casa, frecuentemente por un familiar directo, incluyendo a sus propios hijos. Los engaños para que firmen documentos y cedan los derechos de su patrimonio son una práctica común. Paralelamente, la Delegación Regional de Programas Sociales en la misma ciudad recibe al menos cuatro quejas mensuales por la retención ilegal de las tarjetas de la Pensión Bienestar o del dinero por parte de familiares o conocidos. Esta situación ha forzado a la Secretaría de Bienestar en Tamaulipas a implementar protocolos de acción específicos, como la cancelación y reposición directa de la tarjeta comprometida, para proteger los recursos del beneficiario. Las denuncias pueden realizarse directamente o a través de la Línea del Bienestar, disponible las 24 horas en el 800 639 4264.
Estas acciones no solo son una cuestión de asistencia social, sino también de justicia penal. El Código Penal para el Estado de Tamaulipas tipifica de manera explícita el delito de abandono de personas. El Artículo 362 establece que comete este delito “el que, teniendo obligación de cuidarlos, abandone a un menor, a una persona enferma o adulta mayor incapaces de cuidarse a sí mismos”. Las sanciones son contundentes: de uno a cuatro años de prisión si no resulta daño alguno, y de uno a cinco años si el abandono genera algún daño. La ley contempla además agravantes cuando el responsable es tutor o ascendiente de la víctima. Esta normativa subraya que el cuidado de los adultos mayores es una obligación legal y moral, cuya violación conlleva consecuencias penales severas, un aspecto que muchas familias parecen ignorar o subestimar en medio de dinámicas familiares fracturadas.
