La diputada Eva Reyes González ha confirmado que la despenalización del aborto forma parte de la agenda legislativa de Morena en Tamaulipas, marcando un punto de inflexión en el debate sobre los derechos reproductivos en el estado. Desde Ciudad Victoria, la legisladora afirmó que el Congreso local se prepara para abordar este tema, señalando que la iniciativa, que ha descendido desde la agenda nacional del partido, corresponde ahora a Tamaulipas revisarla e integrarla en el parlamento.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso subrayó la necesidad de discutir el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. Planteó que las mujeres deben tener la libertad de elegir tener o no un bebé, una decisión que a menudo depende de circunstancias personales complejas. Enfatizó que esta despenalización debe conceptualizarse primordialmente como una opción de salud pública que garantice procedimientos seguros para las mujeres, distanciándose claramente de la noción de que pueda ser utilizado como un método anticonceptivo convencional.
La construcción de este marco legal, según Reyes González, se llevará a cabo mediante mesas de trabajo que incorporen una pluralidad de voces. Recalcó la importancia de que exista libertad de expresión y de conciencia, incluso para aquellos legisladores cuyas perspectivas personales, morales o sociales les lleven a pensar de manera diferente.
Un componente fundamental de este proceso será la discusión abierta con la sociedad civil, un paso que la diputada considera vital para enriquecer el debate y construir consensos. Reconoció abiertamente que se trata de uno de los temas más candentes y polémicos que enfrenta la sociedad contemporánea, donde reformas similares en otras entidades han generado reacciones intensas y divididas.
No obstante, defendió la importancia de dar espacio a todas las opiniones, afirmando que es un principio democrático esencial. Detrás de esta iniciativa, explicó, subyace una lucha intensa de las mujeres por el autogobierno de sus cuerpos y por la capacidad de decidir cuándo se está en condiciones aptas, o no, para interrumpir o continuar con un embarazo. Desde un enfoque analítico, la legisladora destacó las graves consecuencias prácticas de la prohibición actual.
Al no contar con un amparo legal, muchas mujeres se ven forzadas a embarazos que pueden poner en riesgo sus vidas o se ven abocadas a acudir a clínicas clandestinas o a utilizar fármacos sin la debida supervisión médica. Estas prácticas, insistió, elevan significativamente las tasas de mortalidad y morbilidad materna, un problema de salud pública que la despenalización busca mitigar.
Finalmente, Reyes González introdujo una perspectiva integral que va más allá del debate binario, proponiendo que en esta discusión también se debe incorporar la visión de los varones. Abogó por realizar una “ultra valoración” de sus derechos en contextos familiares, señalando que, aunque el impacto físico recae sobre la mujer, estas decisiones a menudo tienen profundas implicaciones para toda la estructura familiar. Concluyó que, si bien la autonomía corporal de la mujer es central, el diálogo legislativo no debe ignorar el entramado social más amplio en el que se inscriben estos derechos reproductivos.
