Una docente de nivel primaria fue vinculada a proceso por el delito de ciberacoso en agravio de una de sus alumnas, luego de difundir imágenes de su familia en redes sociales, en un caso que ha generado amplia atención en el municipio de Llera.
De acuerdo con la información oficial, la maestra identificada como Irlanda “N” compartió en plataformas digitales una fotografía en la que aparecía el rostro de una familia, incluyendo a dos menores de edad, una de ellas su alumna. La acción derivó en denuncias ante directivos y supervisores escolares, quienes en un inicio consideraron que el hecho estaba fuera de su competencia.
Posteriormente, la madre de la menor afectada presentó quejas ante la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado, argumentando que la docente no solo expuso públicamente la imagen de su hija, sino que además emprendió represalias dentro del aula.
Entre los señalamientos destacan presuntas calificaciones injustificadas, exclusión en actividades escolares y un castigo físico ocurrido en abril de 2023. Estas conductas fueron documentadas por la familia y presentadas ante las autoridades correspondientes.
Como resultado, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió dos carpetas de investigación: una por ciberacoso y otra por violencia familiar equiparada. De acuerdo con los registros judiciales, la primera ya derivó en un auto de vinculación a proceso contra la profesora.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado, por su parte, emitió una recomendación en la que se acreditaron violaciones al derecho a la igualdad, al trato digno y al interés superior de la niñez. En el documento se incluye también a otra servidora pública de la institución educativa.
En el ámbito administrativo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno determinó que existieron omisiones y deficiencias en el actuar de las autoridades escolares, al no activar los protocolos de protección a menores establecidos por la normatividad estatal.
Actualmente, la maestra se encuentra separada de sus funciones frente a grupo mientras continúa el proceso legal en su contra. La familia de la menor fue reconocida con la calidad de víctima por la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, y se espera que reciba una reparación integral del daño, así como garantías de no repetición.
Este caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de las instituciones educativas en la prevención del maltrato infantil y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Tamaulipas, especialmente en el entorno escolar y digital.
