El Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Penal que modifica la estructura de las sanciones para el delito de abuso sexual, estableciendo nuevas penas base e incorporando un catálogo de circunstancias agravantes que permitirán incrementar las condenas según las características del caso.
Antes de la modificación legal, la pena base por abuso sexual era de seis a 10 años de prisión. En los casos donde se ejercía violencia física o psicológica, la sanción aumentaba hasta en una mitad tanto en su mínimo como en su máximo. Asimismo, cuando las víctimas eran menores de edad o personas incapaces de comprender el hecho, aun cuando existiera consentimiento, la pena se elevaba a entre 10 y 18 años de prisión.
Con la actualización al artículo 267 del Código Penal, la pena base quedó establecida en tres a siete años de prisión. Sin embargo, la reforma incorpora 12 circunstancias agravantes que pueden incrementar hasta en una tercera parte el mínimo y el máximo de la sanción.
Entre los factores que pueden agravar la condena se encuentran el uso de violencia física o psicológica, la relación entre agresor y víctima, el lugar donde se cometió el delito, la participación de servidores públicos o que el agresor haya actuado bajo el efecto de sustancias, entre otros elementos que serán valorados por la autoridad judicial.
Además de la pena privativa de la libertad, la reforma establece medidas complementarias para los responsables, como la obligación de asistir a talleres reeducativos con perspectiva de género y prevención de la violencia contra las mujeres, realizar servicio social en favor del Estado o instituciones de beneficencia pública, así como cumplir con la reparación integral del daño a las víctimas.
De acuerdo con lo expuesto por los legisladores, esta reforma busca homologar la legislación estatal con los criterios nacionales en materia de derechos humanos, perspectiva de género y protección de la niñez, en concordancia con el Plan Integral Contra el Abuso Sexual presentado el 6 de noviembre de 2025 por el Gobierno de México y la Secretaría de las Mujeres.
Las autoridades señalaron que el objetivo principal es fortalecer la respuesta institucional frente a este delito y garantizar mayores estándares de protección y acceso a la justicia para las víctimas.
