El Congreso de Tamaulipas aprobó por unanimidad la nueva Ley contra la Extorsión, un marco legal que endurece las sanciones para quienes cometan este delito y otorga mayores herramientas jurídicas para su persecución, posicionando al estado a la vanguardia nacional en la lucha contra este ilícito.
De acuerdo con la legislación, quien obligue a alguien mediante amenazas o violencia a entregar dinero, bienes, realizar o dejar de realizar alguna acción, o tolerar un daño, causando perjuicio económico, moral, físico o psicológico, será castigado con 15 a 25 años de prisión y multas de 300 a 500 UMAs, equivalentes a hasta medio millón de pesos.
La ley contempla agravantes cuando el delito se cometa por servidores públicos, mediante violencia o el uso de tecnologías de la información, o cuando las víctimas se encuentren en situación de vulnerabilidad. Asimismo, las penas aumentan entre 4 y 8 años si el delito se comete contra personas que realizan actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras o de servicios.
Además, se establecen sanciones específicas para quienes colaboren con los autores del delito, para servidores públicos que divulguen información confidencial de investigaciones y para aquellos que omitan denunciar la comisión de extorsión, con penas que van desde 4 hasta 20 años de prisión, acompañadas de multas proporcionales según la gravedad del caso.
La ley también regula el uso de dispositivos electrónicos en centros penitenciarios, imponiendo penas de 3 a 12 años de prisión y multas de 120 a 5,000 UMAs a quienes introduzcan o posean dispositivos que permitan la transmisión de datos, voz, geolocalización o imágenes, aumentando la pena cuando se trate de servidores públicos o defensores. Se incluye además la destitución e inhabilitación en el servicio público por un plazo igual al de la pena de prisión impuesta.
En cuanto a las restricciones para los sentenciados por extorsión, la legislación elimina cualquier beneficio penitenciario, incluyendo libertad anticipada, sustituciones, conmutación de pena o preliberación. Además, los directores de penales deberán impedir el acceso a celulares y otros medios digitales, instalando bloqueadores de señal, bajo sanción de responsabilidad legal.
Para la implementación de la ley, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas tendrá un plazo de 180 días naturales para crear o adecuar la Unidad Especializada en Delitos de Extorsión y establecer protocolos de actuación y capacitación. En paralelo, la Secretaría de Seguridad Pública contará con el mismo plazo para habilitar el Centro Estatal de Atención a Denuncias por Extorsión, coordinado con instancias federales, evitando duplicidad de funciones y recursos.
Con esta reforma, Tamaulipas fortalece su marco legal frente a la extorsión, tipificando con precisión las modalidades actuales del delito, incluyendo las extorsiones telefónicas y digitales, y refuerza la coordinación entre autoridades estatales y federales para su persecución efectiva.
