El Congreso de Tamaulipas ha dado un paso significativo en la protección de mujeres en situación de violencia con la aprobación de la implementación de pulseras de pánico. Esta medida, avalada por la Diputación Permanente, consiste en la incorporación de dispositivos electrónicos de alerta y geolocalización en la legislación estatal.
El objetivo es proporcionar un mecanismo de protección inmediata para aquellas mujeres cuya vida o integridad física se encuentre bajo amenaza inminente, permitiendo una respuesta rápida de las autoridades ante una agresión. La decisión legislativa se sustenta en un análisis detallado de las estadísticas de violencia en la entidad. Los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública revelan un patrón alarmante: las mujeres separadas o divorciadas constituyen el sector poblacional que reporta los índices más elevados de violencia ejercida por sus exparejas, incluso después de consumada la ruptura conyugal.
Las cifras son elocuentes. Durante la relación, el 60.5% de estas mujeres fue víctima de algún tipo de violencia. De este porcentaje, un 35.1% sufrió violencia física y un 24.2% enfrentó agresiones de índole sexual. Estos números superan de manera considerable los registrados por mujeres que permanecen en una relación, indicando un nivel de vulnerabilidad exacerbado. El dictamen aprobado subraya que la alta prevalencia de violencia en este grupo sugiere que muchas mujeres optaron por la separación o el divorcio precisamente para escapar del maltrato. No obstante, lejos de cesar, la violencia persistió para el 36.4% de ellas tras la ruptura.
Este dato es crucial, ya que desmonta la idea de que la separación física constituye por sí sola una barrera de seguridad efectiva. Por el contrario, evidencia que el periodo posterior a la ruptura puede ser de alto riesgo, donde la sensación de pérdida de control por parte del agresor puede intensificar las conductas violentas. La iniciativa, presentada por la diputada Francisca Castro Armenta del Grupo Parlamentario de Morena, materializa una reforma concreta a la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Estado de Tamaulipas. La modificación consiste en la adición de una fracción específica, la 4 Bis al artículo 10, que establece el marco jurídico para el uso de estos dispositivos.
Esto no se limita a la adquisición de tecnología, sino que implica la creación de un protocolo integral de actuación que debe coordinar a las instituciones de seguridad y justicia. La efectividad de las pulseras depende de la capacidad de respuesta que tenga la autoridad una vez que se active la alerta, lo que requiere de entrenamiento, recursos logísticos y una comunicación fluida entre los centros de monitoreo y las unidades de reacción inmediata. Con esta reforma, Tamaulipas busca garantizar una herramienta de respuesta rápida que complemente las acciones de seguridad pública ya existentes, orientadas específicamente a la prevención de la violencia de género.
La medida representa un reconocimiento formal de la situación de peligro particular que enfrentan las víctimas de violencia por parte de sus exparejas y un intento institucional por acortar el tiempo de reacción entre el momento de la agresión y la llegada del auxilio. La implementación exitosa de este sistema podría marcar un precedente en la región, aunque su verdadero impacto estará sujeto a la rigurosidad con la que se ejecute el protocolo y se asignen los recursos necesarios para su mantenimiento y operación a largo plazo.
