Las autoridades de la Dirección General de Educación Industrial y de Servicios (Dgeti) han convocado a una serie de reuniones maratónicas con padres de familia del Cetis 78 de Altamira, Tamaulipas, tras los graves incidentes de violencia registrados en el plantel. A 48 horas de los hechos, que incluyeron una agresión colectiva contra el director, no se han determinado las causas profundas del estallido de violencia ni se ha señalado a ningún responsable, generando un clima de incertidumbre y desconfianza.
El proceso de diálogo inició el jueves, un día después de la batalla campal que trascendió a nivel nacional, con el comisionado de la Dgeti, Olegario Muñiz Cura, al frente. Las reuniones se sucedieron primero con el cuerpo docente y posteriormente con los representantes de los estudiantes, en un plantel que permaneció vacío al suspenderse las clases presenciales. El vaivén de padres continuó durante el viernes, caracterizado por un mutismo significativo por parte de las familias y una ausencia de posturas oficiales claras por parte de las autoridades educativas.
La duración y opacidad del proceso han sido notorias. La primera jornada de diálogo se extendió por aproximadamente diez horas, culminando con la salida discreta del comisionado por una puerta trasera del edificio, evitando a la prensa y al escrutinio público. Esta actitud ha reforzado la percepción de que la institución carece de una estrategia definida para abordar la crisis y prefiere el hermetismo a la transparencia.
Expertos en derecho consultados sobre el caso coinciden en que los eventos violentos son síntoma de una falla estructural en los protocolos de actuación del plantel. Édgar Cruz Reyes, abogado especializado, argumenta que la agresión generalizada de los estudiantes es un indicador de un hartazgo acumulado y de la inexistencia de canales efectivos para la resolución de conflictos. Subraya que la expulsión de los alumnos no constituye una solución, sino que la prioridad debe ser dotar a la comunidad de herramientas y mecanismos para abordar sus problemáticas de fondo de manera conducente.
“Correr a los alumnos no es una opción, pero sí brindarles mejores elementos para solucionar sus problemáticas, entender qué fue lo que pasó, si en verdad hubo acoso y actuar de manera conducente, y si no lo hubo, actuar de manera conducente para que estos hechos no se repitan”, declaró.
Un protocolo correcto, según explica el jurista, debe permitir a los estudiantes interponer quejas y denuncias mediante procedimientos establecidos, particularmente en casos sensibles como acoso o abuso sexual, con el respaldo de asesoría especializada. La ausencia de esta vía clara deriva, en la práctica, en que las familias opten por cambiar a sus hijos de escuela para evitar represalias, una solución individual que no resuelve el problema sistémico.
“Lo que sucedió en el Cetis 78 de Altamira fue muy lamentable, aquí hay que encontrar qué es lo que causó el problema originalmente, se habla de una circunstancia de abuso, si así sucedió, si será pertinente que los padres de familia que aluden haber sido acosados sexualmente interpongan la acción que corresponda porque sino lo que sucedió al doctor, queda totalmente en su versión”, expuso.
La posición oficial de la Dgeti, transmitida por su coordinador en Tamaulipas, niega la existencia de antecedentes o quejas previas en contra del director. No obstante, esta afirmación contrasta con el desconocimiento expresado por los propios padres de familia, quienes admiten ignorar por completo si el plantel contaba con protocolos de prevención y seguridad operativos. La carencia de especialistas, psicólogos y un área dedicada a la atención de conflictos dentro de la escuela se erige como una omisión crítica.
Esta falta de estructura de apoyo no solo impide la canalización adecuada de los problemas, sino que, según advierte Cruz Reyes, often deriva en una revictimización. “Terminan sufriendo más bullying producto de la mala aplicación de los protocolos o que no los aplican, porque terminan siendo señalados en lugar de ser las víctimas, en vez de protegerlas se revictimiza que menoscaban su integridad personal”. El caso del Cetis 78 evidencia la urgente necesidad de una investigación exhaustiva que vaya más allá de las reuniones protocolarias y aborde las deficiencias estructurales que permitieron que estallara la violencia.
