Entre la incertidumbre y la preocupación, decenas de familias en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se están organizando para solicitar por escrito la intervención directa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Su objetivo es evitar el desalojo forzoso de sus viviendas, muchas de las cuales tienen más de seis décadas de antigüedad y representan el patrimonio de hasta tres generaciones.
La amenaza proviene de la Comisión Nacional del Agua, que ha notificado a los residentes de la colonia Ampliación Tamatán y áreas aledañas que deben abandonar sus hogares por estar asentados en lo que la autoridad define como zona federal, una medida enmarcada dentro del programa federal Adopta un Río. Con la advertencia de que sus casas serán demolidas si no se retiran en un plazo breve, la comunidad ha decidido elevar su petición a la máxima instancia del Ejecutivo. En su misiva, los vecinos argumentan que los fundamentos de la CONAGUA carecen de sustento técnico y no se ajustan a la realidad hidrológica del lugar.
Señalan que el río San Marcos es uno de los cauces más pequeños y menos caudalosos de la región, y que solo lleva agua de forma esporádica durante la temporada de lluvias. Subrayan que, a lo largo de sesenta años, nunca se ha registrado una pérdida de vida humana debido a crecidas o inundaciones en esa zona, lo que pone en entredicho la clasificación de riesgo que se les atribuye. Las viviendas en cuestión, muchas construidas con el esfuerzo acumulado de décadas, se enfrentan a una posible demolición bajo una orden federal que los residentes consideran desproporcionada y ajena al contexto local.
Los afectados insisten en que el riesgo real no proviene del río, sino de la aplicación de medidas genéricas sin un análisis pormenorizado de las condiciones específicas del terreno. Afirman que el San Marcos es apenas un riachuelo y que su inclusión en un programa de esta naturaleza resulta técnica y conceptualmente incorrecta. Esta postura refleja una profunda desconfianza hacia la metodología empleada por la dependencia, acusada de no realizar evaluaciones in situ que capturen la verdadera dinámica del cauce y su interacción con el entorno habitado.
La decisión de apelar directamente a la presidenta Sheinbaum surge de la convicción de que su gobierno podría revisar el caso con una óptica más sensible y técnica. Los colonos esperan que la mandataria se entere de primera mano de la situación y actúe para proteger el patrimonio familiar que está en juego. Más allá de la simple petición para detener los desalojos, el documento propone la instalación de mesas de diálogo y negociación que permitan otorgar certeza jurídica a los habitantes, un reclamo histórico que ha sido postergado durante generaciones. Los vecinos recuerdan que, desde su llegada a la orilla del San Marcos, nunca recibieron atención ni procesos de regularización por parte de autoridad alguna, un vacío legal que hoy se vuelve en su contra.
La situación expone una tensión recurrente en la gestión del territorio: la colisión entre la aplicación estricta de la normativa federal y los derechos históricos de comunidades consolidadas. Los residentes cuestionan la falta de humanismo en el proceder de las instituciones, especialmente en el contexto de la denominada Cuarta Transformación, que prometió un trato más justo y cercano a la ciudadanía. A pesar de las críticas, los afectados mantienen la esperanza de que el Gobierno Federal rectifique y encuentre una solución que equilibre la protección de los cauces fluviales con la preservación del tejido social y la memoria histórica de estas familias.
La resolución de este conflicto podría sentar un precedente significativo sobre cómo se manejan los asentamientos humanos de larga data en zonas consideradas de interés federal, un desafío que requiere tanto precisión técnica como sensibilidad social.
