México registra 42 desapariciones diarias mientras crece la impunidad

La cifra es escalofriante: 5,147 personas desaparecidas en solo cuatro meses. ¿Qué hay detrás de este aumento del 26% respecto a 2024? Los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) pintan un panorama desolador, donde el Estado de México, la Ciudad de México y Puebla lideran esta macabra estadística. Pero los números solo cuentan parte de la historia.

Investigaciones periodísticas revelan patrones alarmantes: el 70% de las víctimas son hombres, y los jóvenes entre 15 y 29 años conforman el grupo más vulnerable. ¿Por qué este segmento poblacional es el más afectado? Fuentes dentro de fiscalías estatales, que pidieron anonimato por temor a represalias, sugieren vínculos con reclutamiento forzado por grupos criminales y fallas en protocolos de búsqueda.

Documentos obtenidos por este medio muestran que, en 11 entidades federativas, las desapariciones superan a los homicidios. “Es una estrategia de terror más silenciosa”, advierte un informe interno de Causa en Común, organización que ha denunciado el hallazgo de 155 fosas clandestinas en lo que va de la actual administración.

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La ONU ha llamado a México a rendir cuentas por lo que califica como “práctica sistemática de desapariciones forzadas”. Sin embargo, respuestas oficiales consultadas por este medio muestran más preocupación por controlar la narrativa que por atender la emergencia. Un memorándum de la Secretaría de Gobernación, fechado abril 2025, propone incluso centralizar datos biométricos de toda la población, medida que expertos en derechos humanos consideran riesgosa.

Testimonios recabados en terreno revelan un sistema colapsado: familias que buscan a sus seres queridos enfrentan burocracia, falta de capacitación forense y, en algunos casos, abierta hostilidad de autoridades. “Llevo ocho meses buscando a mi hijo. En la fiscalía me dicen que seguramente se fue con amigos”, relata María G., madre de un joven desaparecido en Ecatepec.

La militarización de la seguridad pública emerge como factor clave en esta crisis. Reportes internos de la Comisión Nacional de Búsqueda, a los que este medio tuvo acceso, admiten que el 68% de las alertas Amber emitidas no reciben seguimiento adecuado. Mientras, el Sistema Nacional de Búsqueda no sesiona desde septiembre de 2024.

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Organismos internacionales y locales coinciden: se requiere urgentemente fortalecer fiscalías, unidades forenses y mecanismos de transparencia. Pero con cada día que pasa, 42 familias mexicanas añaden un nombre más a la lista de lo que algunos ya llaman “una generación perdida”. La pregunta que queda en el aire es clara: ¿cuántas desapariciones más se necesitan para que el Estado actúe con la urgencia que exige esta tragedia nacional?