Funcionaria de Guadalajara admite sacrificio canino en ritual religioso

Naomi Sofía Figueroa Álvarez, empleada del gobierno municipal de Guadalajara, generó un terremoto mediático al revelar en un video la ejecución de un perro como parte de un ritual de la religión orisha. La grabación, difundida en redes sociales, muestra a la funcionaria describiendo con crudeza el acto: “Cortaron a un perro para eliminar obstáculos… todos caerán”, afirmó mientras simulaba un degüello.

Este caso expone la colisión entre libertad religiosa y derechos animales, desnudando vacíos legales en una sociedad que aún debate dónde trazar los límites de las prácticas espirituales. Mientras la santería defiende estos ritos como tradición ancestral, el artículo 306 del Código Penal de Jalisco contempla hasta 5 años de prisión por maltrato animal.

La paradoja es profunda: Figueroa labora en la Dirección de Colmenas, área teóricamente comprometida con el cuidado comunitario, mientras percibe 18,400 pesos mensuales. Su historial familiar añade capas al escándalo: su madre, Susana Álvarez, fue sancionada en 2019 por irregularidades en el IMAJ y luego recolocada en el gobierno estatal con un sueldo de 50,630 pesos.

¿Hasta qué punto las instituciones normalizan estas contradicciones? La viralización del caso por la cuenta @NoAlMaltratoAnimal evidencia una ciudadanía que exige coherencia ética en sus servidores públicos. Este incidente podría catalizar un debate urgente: en la era de la transparencia digital, ¿cómo reconciliar diversidad cultural, protección animal y responsabilidad institucional?

Más allá del escarmiento individual, el verdadero desafío es sistémico: crear protocolos que prevengan estos conflictos sin caer en discriminación religiosa. Quizás la solución radique en educación intercultural y mecanismos de denuncia anónima, transformando este caso en un punto de inflexión para la gobernanza ética.