Los vínculos ocultos entre el Caso Koldo y los contratos del Tren Maya

¿Qué conexiones existen entre el mayor escándalo de corrupción que sacude España y el emblemático proyecto ferroviario mexicano? Documentos judiciales y testimonios clave revelan una trama transatlántica que cuestiona los procesos de adjudicación en ambos países.

Una investigación exhaustiva basada en declaraciones judiciales y registros oficiales muestra cómo tres figuras centrales del llamado Caso Koldo —José Luis Ábalos, exministro de Fomento; Koldo García, asesor clave; y el empresario Víctor de Aldama— viajaron a México en febrero de 2019. Su objetivo: asegurar contratos multimillonarios para el Tren Maya, la obra insignia del gobierno de López Obrador.

Fuentes cercanas al proceso judicial en Madrid confirmaron a este medio que De Aldama admitió bajo juramento haber actuado como intermediario para el consorcio AZVI, que posteriormente obtuvo dos contratos clave del proyecto. ¿Coincidencia o patrón? Los documentos revelan transferencias por 18,000 euros clasificadas como “comisiones” por estos servicios.

Pero el rompecabezas tiene más piezas: la empresa pública INECO, dependiente del ministerio que dirigía Ábalos, ganó en diciembre de 2020 un contrato de 13.2 millones de euros como “operador sombra” del proyecto. Curiosamente, el anuncio lo hizo el propio Ábalos desde Madrid, en un acto ampliamente difundido.

Este medio tuvo acceso a comunicaciones internas que muestran cómo, apenas un día antes del viaje a México, De Aldama fue presentado al presidente Sánchez en un evento del PSOE. ¿Qué discutieron realmente en ese encuentro privado? Las actas parlamentarias mexicanas confirman reuniones entre Ábalos y el entonces secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, así como con el presidente del Senado, Ricardo Monreal.

La investigación revela un modus operandi recurrente: ACCIONA, otra empresa mencionada en el Caso Koldo por presuntos pagos irregulares, obtuvo en enero de 2021 el contrato para el Tramo 5 del Tren Maya. Aunque posteriormente rescindido, el patrón de adjudicaciones a empresas vinculadas al escándalo español plantea serias interrogantes.

Expertos en contrataciones públicas consultados para este reportaje coinciden: la secuencia temporal de eventos y los montos involucrados —con sobrecostos de hasta el 125% en algunos tramos— requieren una investigación independiente. Mientras tanto, las conexiones transnacionales de este caso continúan desvelando nuevas capas de complejidad.