Trabajadores judiciales exigen garantías tras ataque con ácido

Tras el cobarde ataque con ácido sufrido por un empleado del Poder Judicial en los juzgados familiares, una pregunta flota en el ambiente: ¿quién está realmente protegiendo a los trabajadores? Aunque el edificio 132 reabrirá sus puertas este lunes, las versiones oficiales chocan con los testimonios de los afectados. Ericka Ojeda, representante de los empleados, desmiente rotundamente las insinuaciones de que el ataque provino de conflictos internos. “Estamos unidos, firmes y fuertes”, declaró, mientras denunciaba que el Consejo de la Judicatura aprovechó la crisis para presionar al personal.

¿Qué hay detrás de este convenio firmado el viernes pasado? Los trabajadores exigen su publicación oficial en el Boletín del Poder Judicial, ya que actualmente solo aparece en la página web, lo que según Daniel Morales, otro empleado, no ofrece garantías legales. “Necesitamos que todo salga conforme a la ley”, insistió. Mientras cinco sedes permanecen cerradas en protesta, las autoridades insisten en que el acuerdo debe cumplirse. ¿Están priorizando la imagen institucional sobre la seguridad laboral?

El ataque ocurrido en Juárez no fue un incidente aislado, sino la gota que derramó el vaso en un conflicto que lleva más de un mes. Los empleados piden trabajar dos días a puerta cerrada para reducir el rezago acumulado durante el paro, pero ¿será suficiente? Las promesas de transparencia y seguridad siguen sin materializarse, dejando a los trabajadores en un limbo legal y emocional. Mientras tanto, las demás sedes ya reabrieron, pero la desconfianza persiste. ¿Quién responderá si otro empleado resulta herido?

Este caso revela una fractura profunda en el sistema judicial: entre discursos de unidad y realidades de abandono, entre acuerdos firmados y derechos incumplidos. La verdad, como el ácido, quema cuando sale a la luz.