Uber sube tarifas mientras el gobierno exige asumir costos de seguridad social

En un giro digno de Los viajes de Gulliver, donde gigantes y liliputienses discuten sobre quién paga la fiesta, la Presidenta Claudia Sheinbaum exigió a Uber que sus multimillonarias ganancias absorban el costo de inscribir a sus conductores al Seguro Social, en lugar de trasladarlo —como suele hacerse en este capitalismo de cuento de hadas— a los usuarios. La plataforma, en un acto de rebeldía corporativa, respondió subiendo las tarifas un 7%, argumentando que es para “proteger las ganancias” de sus socios conductores (nótese la ironía de llamar “socios” a quienes no tienen vacaciones pagadas).

Sheinbaum, en su papel de madrina mágica de la economía formal, declaró con optimismo revolucionario: “Uber tiene ganancias impresionantes, con un cachito que le den al trabajador”. La frase, que parece extraída de un manual de socialismo para principiantes, contrasta con la realidad: 400 mil conductores ahora tienen seguro médico, aunque muchos ganen menos que el salario mínimo (lo suficiente para pagar una consulta, pero no los medicamentos).

Mientras tanto, la STPS tachó el aumento de unilateral e irresponsable, como si esperaran que una corporación actuara por altruismo. Profeco, por su parte, exigió transparencia en los precios, ignorando que en el reino de las apps, los algoritmos son la única ley. Didí, el otro gigante del transporte privado, ya advirtió que la reforma laboral podría “dañar su modelo”, eufemismo corporativo para decir: “preparen sus billeteras, ciudadanos”.

En este absurdo teatro económico, donde las plataformas lloran pobreza con un smartphone de última generación en la mano, y el gobierno presume ser “el primer país del mundo” en regular lo obvio, solo hay una certeza: el pasajero siempre pagará el viaje… y la factura de la utopía.