Peritos forenses en limbo por audiencia aplazada y acusaciones sin resolver

La justicia parece moverse a cámara lenta para los cuatro expertos forenses acusados de irregularidades en el procesamiento del caso Rancho Izaguirre. Su audiencia, ya pospuesta en múltiples ocasiones, enfrenta un nuevo obstáculo: el juzgado responsable está en receso hasta el 4 de agosto, fecha originalmente programada para el inicio del proceso. ¿Es esto inefficiencia sistémica o una estrategia calculada?

Cecilia Isabel Ayala Dávalos, abogada defensora de tres de los implicados, expone una paradoja judicial: “El fiscal especializado en corrupción, quien impulsó el acta administrativa cuestionable, tampoco ha mostrado urgencia por resolver”. Mientras tanto, los peritos cargan con costos legales y un estigma social injusto, pues insisten haber alertado sobre lo inconcluso del procedimiento.

Este caso revela grietas profundas: ¿Por qué un sistema diseñado para combatir la corrupción genera victimización secundaria? Los expertos de Ciencias Forenses, lejos de recibir apoyo institucional, deben financiar su propia defensa. La fiscalía los acusa de abuso de autoridad, pero ¿no es acaso un abuso mayor dejarles en este limbo procesal?

La sociedad, rápida en juzgar sin datos completos, ignora un detalle crucial: estos peritos fueron los primeros en señalar fallas en la investigación. En un giro irónico, su compromiso profesional se convirtió en su mayor vulnerabilidad. ¿No debería reformarse el sistema para proteger a quienes exponen irregularidades, en lugar de castigarlos?

Más allá del caso concreto, este escenario plantea una pregunta disruptiva: ¿Y si los retrasos judiciales son síntoma de un modelo obsoleto que necesita reinvención radical? La justicia del siglo XXI exige transparencia en tiempo real, no calendarios opacos que alimentan la desconfianza.