Explosiones y extorsiones revelan la crisis de seguridad en Perú

En un acto de “innovación urbanística” digno de una distopía, una detonación en Trujillo —región norteña donde el crimen organizado ejerce de alcalde honorario— dejó 10 heridos, 25 casas convertidas en obra abstracta, y un récord en apagones gratuitos. Las autoridades, expertas en diagnósticos post-trauma, sugirieron que quizá, solo quizá, esto tenga que ver con las bandas criminales que, según cifras oficiales, son tan prolíficas como el sector turístico.

El espectáculo pirotécnico no fue exclusivo: mientras Trujillo disfrutaba de su segunda explosión del año (la primera fue un regalo a la Fiscalía en enero), un gimnasio en Lima ofrecía a sus clientes la experiencia premium de correr… pero por sus vidas. La policía, fiel a su tradición de suspense, se negó a revelar si estos eventos están vinculados a un programa de renovación urbana no autorizado.

Entre los afectados: paredes que ya no sostienen techos, vidrios convertidos en arte efímero, y un silencio elocuente del gobernador César Acuña —cuyo partido, Alianza para el Progreso, parece especializarse en progresar hacia atrás— y de la presidenta Dina Boluarte, quien aún busca en su manual de gobierno el capítulo titulado “Qué hacer cuando todo explota”.

Mientras tanto, los negocios peruanos disfrutan de una modalidad de cobro innovadora: pague o rece. Las denuncias por extorsión aumentaron un 28%, confirmando que el crimen es el sector más dinámico de la economía. Y para los usuarios de transporte público, cada viaje ahora incluye la emoción añadida de preguntarse: ¿llegaré a mi destino o seré parte de un experimento de fragmentación social?

El gobierno, en un arranque de sinceridad, admitió que la delincuencia “desborda en ocasiones” el control policial. Traducción: las bandas tienen más logística que el Estado. ¿Conclusión? Bienvenidos a Perú, donde la seguridad es un bien de lujo… y las explosiones, el pan nuestro de cada día.