Denuncian a edil de Juchitán por amenazas de muerte

JUCHITÁN, Oaxaca

En mi larga trayectoria cubriendo conflictos políticos en el sureste mexicano, he sido testigo de cómo las tensiones locales suelen escalar de formas impredecibles. El caso de Miguel Alejandro López Pérez, integrante de la organización Norma Eddie A. C., contra el presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, es un ejemplo preocupante de cómo un simple saludo puede derivar en una situación de peligro.

Según la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, los hechos ocurrieron en el restaurante “La Sirena”, donde López Pérez se encontraba consumiendo alimentos. Al acercarse a saludar cortésmente al edil, recibió una respuesta que dista mucho del protocolo que debería guardar un servidor público: “¿Tienes algún problema conmigo?”, seguido de la amenaza explícita de “volarle la cabeza”.

He aprendido que en estos contextos, el lenguaje soez como el uso de la palabra “pedo” para referirse a diferencias, suele ser el preámbulo de confrontaciones más serias. La víctima relata que, ante su desconcierto, el funcionario desde su mesa continuó con las intimidaciones, señalándolo y repitiendo que le volaría la cabeza, añadiendo que lo tenía hasta la madre.

Lo más grave -y aquí mi experiencia me dice que debemos poner especial atención- es la participación del entorno del edil. Según el denunciante, entre los acompañantes se encontraba su secretario Mariano Lozado, Luis Miguel Ramírez del IEEPO, y escoltas de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC). Cuando autoridades civiles y elementos de seguridad se convierten en espectadores pasivos de estas agresiones, el mensaje de impunidad que se envía a la comunidad es devastador.

El momento más crítico, y que recuerda anécdotas similares que he documentado en otros municipios, ocurrió cuando el edil no solo verbalizó que su cabeza tenía precio –100 mil pesos según el relato-, sino que se levantó, tomó una silla y se sentó al costado izquierdo del denunciante para increparlo directamente. Esta proximidad física busca intencionalmente maximizar el miedo y la sensación de vulnerabilidad.

La solicitud de agarrarse a golpes por parte de una figura de autoridad es particularmente grave. He visto cómo estas situaciones pueden terminar en tragedia cuando los funcionarios confunden su papel público con impunidad para resolver conflictos mediante la violencia. La reacción de nerviosismo y temor del denunciante es completamente comprensible -cualquiera en su posición habría respondido igual.

El episodio concluyó con uno de los elementos de la PABIC abordando al denunciante para solicitarle que abandonara el establecimiento -un patrón recurrente donde se revictimiza a quien recibe las agresiones.

Este caso refleja lecciones dolorosas pero necesarias: la urgencia de protocolos claros de conducta para servidores públicos, la necesidad de capacitación en resolución pacífica de conflictos, y sobre todo, la importancia de que la ciudadanía documente y denuncie estos abusos, como valientemente hizo López Pérez.