La senadora Olga Sosa Ruíz ha puesto sobre la mesa del Pleno del Senado dos iniciativas que podrían redefinir conceptos fundamentales de derechos y reconocimiento. Pero, ¿qué hay detrás de estas propuestas que, en apariencia, buscan la igualdad sustantiva y la protección de los más vulnerables?
La primera iniciativa, una reforma a la Ley General de Educación Superior, no es una mera cuestión semántica. Sosa Ruíz plantea que los títulos profesionales, diplomas y grados académicos se expidan conforme al género de la persona que los obtiene. ¿Por qué, en pleno siglo XXI, una mujer que dedica años a formarse como abogada recibe un título que la nombra en masculino? La senadora lo califica de una invisibilización de sus logros, una negación de su identidad en el mismo documento que debería consagrar su triunfo académico.
Este periodista se pregunta: si las mujeres representan más del 50% de la matrícula universitaria, ¿no es acaso una anomalía del sistema que la lengua oficial de sus conquistas las omita? La propuesta se enmarca en un simbolismo poderoso: el lenguaje transforma realidades. Busca que las nuevas generaciones de niñas crezcan viéndose reflejadas no solo en una presidenta, Claudia Sheinbaum, sino en cada ingeniera, doctora o arquitecta cuyo título acredite sin ambigüedades quien es.
Sin embargo, la investigación no se detiene ahí. La segunda iniciativa revela otra capa de la agenda legislativa de Sosa Ruíz: una reforma a la Ley de Migración. Su objetivo es garantizar asistencia social a niñas, niños y adolescentes migrantes que cruzan el territorio nacional sin compañía. México, como país de origen, tránsito y destino, enfrenta una crisis humanitaria que often pasa desapercibida. La iniciativa invoca el “humanismo mexicano” de la actual administración, pero ¿se traducirán estas palabras en presupuestos concretos y mecanismos efectivos de protección?
Al conectar los puntos, surge un hilo conductor: el reconocimiento pleno de la identidad y la dignidad. Ya sea a través de un título que nombra correctamente o de una ley que protege a un menor desamparado, la lucha subyacente es por el derecho a existir y ser visto por el Estado y la sociedad tal como uno es.
En una revelación final, la crónica parlamentaria de ese día cerró con una votación unánime: 102 votos para aprobar los nombramientos del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Entre ellos, destaca la inclusión de José Andrés Méndez Ñeco de Reynosa, Tamaulipas, un familiar de una víctima de desaparición. Un recordatorio de que, tras las leyes y los debates, siempre hay historias humanas esperando justicia.
Las propuestas de Sosa Ruíz, por tanto, no son solo documentos legales. Son una invitación a cuestionar las normas establecidas y a preguntarnos qué más en nuestro sistema sigue operando bajo lógicas obsoletas que necesitan ser urgentemente revisadas.
