García Harfuch explica los casos de huachicol fiscal: ‘Encontraron una manera de delinquir sin violencia’ Ante el creciente escrutinio político y las críticas de la oposición, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha ofrecido un análisis detallado sobre la naturaleza de los casos de huachicol fiscal, describiéndolos como una modalidad delictiva controlada por grupos especializados en el contrabando de combustible, cuyo principal distintivo era la búsqueda del enriquecimiento ilícito evitando recurrir a la violencia física.
El funcionario federal explicó que estas redes mantenían una estructura financiera y logística sofisticada, diseñada específicamente para eludir la confrontación directa con las autoridades. “Más bien son un grupo de personas que encontraron una manera de delinquir sin tanta violencia y que estuvieron impunes”, declaró el secretario durante una conversación con el periodista Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula.
Esta característica, según su análisis, les permitió operar con un perfil más discreto durante un período prolongado. García Harfuch destacó que los avances sustanciales en las investigaciones son el resultado de una coordinación estratégica entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y su propia dependencia. Subrayó que estas acciones se han llevado a cabo bajo instrucciones directas y claras de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“La presidenta ha sido muy clara en que no hay margen de impunidad. No importa quién sea, la instrucción es investigar y detener a los responsables”, expresó el titular de la SSPC.
Reconoció de manera explícita la labor de la Secretaría de Marina en la ejecución de los operativos, valorando positivamente la apertura de una investigación interna dentro de la propia institución para deslindar posibles responsabilidades individuales. “Fue una acción valiente y decidida de la Secretaría de Marina, encabezada por su titular, que permitió asegurar a los responsables y desmantelar una red que llevaba años en operación”, puntualizó.
Este punto es crucial, pues señala un esfuerzo por abordar la corrupción desde dentro del aparato de seguridad. Durante la entrevista, el secretario describió los tres aseguramientos más significativos realizados en 2025 dentro de la ofensiva federal, los cuales ilustran la escala industrial de estas operaciones ilícitas. En Ensenada, Baja California, se logró el decomiso de ocho millones de litros de diésel en un predio particular.
En Altamira, Tamaulipas, la Marina aseguró un buque con bandera de Singapur que transportaba diez millones de litros de combustible, el cual había sido declarado fraudulentamente como un aditivo. Finalmente, en Ramos Arizpe, Coahuila, las fuerzas federales confiscaron más de quince millones de litros que eran transportados en 129 carrotanques ferroviarios. Estas intervenciones, según explicó García Harfuch, revelaron la existencia de una red con alcance nacional que utilizaba de manera sistemática rutas marítimas y ferroviarias, apoyándose en registros fiscales alterados para mover el combustible de contrabando.
Destacó que, tras la ejecución de estos operativos, se ha observado una reducción importante en las actividades ilegales, aunque las investigaciones para desmantelar por completo la estructura continúan su curso. Respecto al impacto económico, el secretario precisó que el presunto daño fiscal de 600 mil millones de pesos, cifra que ha circulado ampliamente, aún no ha sido confirmado de manera oficial. Será la Procuraduría Fiscal, encabezada por Grisel Galeano García, la instancia responsable de determinar el monto real del fraude cometido contra el erario público.
“De cualquier forma se trata de una afectación enorme para el erario público”, señaló, reconociendo la magnitud del perjuicio independientemente de la cifra final.
Al ser cuestionado sobre otros frentes de seguridad, específicamente sobre la situación de Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco detenido en Paraguay, García Harfuch explicó que el exfuncionario encabezaba una célula delictiva dedicada a la extorsión y al narcomenudeo. Esta organización, según su descripción, logró infiltrar a una parte de la policía estatal y operar durante años aprovechando la impunidad local.
“Era un grupo pequeño, sin alcance interestatal, pero con capacidad para corromper y descomponer la seguridad local”, explicó.
Aclaró que la organización conocida como La Barredora, a la que se vinculaba a Bermúdez, ya ha sido parcialmente desarticulada gracias al trabajo conjunto del Centro Nacional de Inteligencia, la Marina y el Ejército. En este contexto, el secretario de Seguridad negó de manera categórica cualquier vínculo entre La Barredora y el exgobernador de Tabasco y actual senador, Adán Augusto López Hernández. Subrayó que la Fiscalía General de la República no tiene abierta ninguna línea de investigación que relacione al senador con esta red delictiva. Para concluir, García Harfuch enfatizó que la mayoría de los elementos policiales en Tabasco continúan desempeñando sus funciones con integridad. La prioridad estratégica actual, afirmó, es fortalecer las instituciones locales de seguridad para impedir que estructuras delictivas similares logren reorganizarse y recuperar la capacidad de corromper a las autoridades. Este enfoque busca no solo la captura de responsables, sino la construcción de resiliencia institucional a largo plazo.
