La demanda silenciada: cuando buscar a un familiar es un acto de resistencia
En las sombras de una crisis que oficialmente cuenta 133,552 vidas extraviadas, una pregunta incómoda resurge en mesas de diálogo gubernamental: ¿Qué sucede cuando el Estado, obligado constitucionalmente a buscar, abdica de su deber, y la ciudadanía se ve forzada a tomar la pala y el riesgo? Amnistía Internacional ha interpelado directamente al gobierno mexicano, no solo para que cumpla, sino para que reconozca legalmente el derecho a la búsqueda autónoma de las familias. Una petición que, lejos de ser un mero formalismo, es un grito desesperado ante la inoperancia institucional.
Pero, ¿por qué una organización global debe exigir que se reconozca lo que parece un acto de amor natural? La investigación revela un patrón perturbador. Norma González Benítez, Jefa de Investigación de AI México, describe un escenario dantesco: familias que invierten sus magros recursos en herramientas, que se adentran en territorios controlados por el crimen organizado, y que, además de cargar con el dolor, son luego culpabilizadas por las propias autoridades por no seguir protocolos que el Estado mismo incumple. “La omisión estatal”, señala González Benítez, “transforma la búsqueda en una odisea de peligro y desprotección”.
Los protocolos bajo la lupa: ¿Herramienta de búsqueda o barrera burocrática?
El llamado de AI se enmarca en la revisión de los protocolos homologados de búsqueda e investigación. Aquí, la narrativa oficial habla de “mejoras” y “actualizaciones”. Sin embargo, una mirada escéptica plantea otra cuestión: ¿Estos documentos están diseñados para agilizar la localización de personas o, en la práctica, para regimentar y limitar la desesperada acción de los colectivos? La organización es clara: incluir el reconocimiento de las búsquedas ciudadanas no es un detalle, es un cambio de paradigma. Pasar de ver a las familias como un “estorbo” o “víctimas pasivas” a reconocerlas como sujetos de derecho en ejercicio activo de su derecho a la verdad y a la justicia.
La doble carga: buscar con el corazón y huir de las balas
El testimonio recogido por investigadores de derechos humanos pinta un cuadro de abandono extremo. No se trata solo de la falta de apoyo logístico. Es la ausencia de protección física en contextos de alta violencia. El Estado, al no reconocer formalmente estas búsquedas, evade su obligación de activar mecanismos de seguridad para quienes se juegan la vida rastreando fosas clandestinas. Esto crea un perverso círculo vicioso: la inacción estatal fuerza la búsqueda autónoma, y la falta de reconocimiento legal deja a los buscadores en una zona gris de vulnerabilidad absoluta.
La revelación final: El derecho a buscar es el derecho a no olvidar
Al final de este hilo de investigación, la conclusión de Amnistía Internacional trasciende lo jurídico para apuntar a lo humano fundamental. La búsqueda autogestiva no es un sustituto de la acción estatal; es la materialización del derecho a la verdad y a la protección judicial. Es el acto político de negarse a que un ser querido sea convertido en una estadística más. La revelación incómoda es que, en México, el camino hacia la justicia está siendo pavimentado no por las instituciones, sino por el amor obstinado de miles de personas que, con pala en mano, desafían el olvido y la impunidad, exigiendo al Estado que, al menos, les otorgue el derecho a buscar sin morir en el intento.
