El gobierno federal lanza un plan nacional para combatir la extorsión
CIUDAD DE MÉXICO. En el corazón de Palacio Nacional, ante la mirada de la presidenta Claudia Sheinbaum y los gobernadores del país, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, desplegó un nuevo frente en la batalla contra un flagelo silencioso: la extorsión. Pero, ¿es este Acuerdo Nacional Contra la Extorsión realmente un punto de inflexión o otra capa más en una estrategia cuyos resultados tangibles aún son materia de escrutinio?
Las promesas sobre el papel: armonización y especialización
El acuerdo, presentado en la 52 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, promete una ofensiva coordinada. Sus pilares suenan ambiciosos en el discurso: la armonización legislativa en las 32 entidades para perseguir de oficio este ilícito, la creación o fortalecimiento de áreas especializadas en las fiscalías estatales, y la potenciación de la línea de denuncia 089. Sin embargo, la pregunta que surge de inmediato es: ¿cómo se traducirán estos compromisos burocráticos en una respuesta efectiva y expedita en calles y negocios?
“Somos conscientes de que uno de los delitos que más preocupa a la población y a los sectores productivos es la extorsión”, declaró García Harfuch. Sus palabras reconocen una realidad dolorosamente conocida por millones de ciudadanos y empresarios. El planteamiento oficial sugiere que la falta de uniformidad en los procesos legales y de investigación ha sido un talón de Aquiles. Pero, ¿la simple unificación de manuales y criterios bastará para desmantelar las redes de chantaje que operan con impunidad?
Entre las cifras y la percepción ciudadana
Las estadísticas presentadas por el funcionario buscan cimentar la narrativa de un combate ya en marcha. Desde el lanzamiento de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, se han recibido más de 102,800 llamadas al 089 y se han logrado más de 600 detenciones en 22 estados. Estas cifras, sin duda, reflejan actividad. No obstante, un análisis periodístico persistente debe ir más allá: ¿cuántas de esas detenciones han culminado en sentencias condenatorias? ¿La saturación de la línea de denuncia garantiza una investigación eficaz, o se corre el riesgo de que las llamadas queden en un archivo estadístico?
El secretario aseguró que el acuerdo brindará “mayor certidumbre a las víctimas” y consolidará un “enfoque nacional”. La teoría es sólida: un manual único para recepción de denuncias, investigación y persecución. Pero la práctica histórica en materia de seguridad en México está plagada de brechas entre la teoría federal y la aplicación local. La verdadera prueba del acuerdo no estará en su firma, sino en su capacidad para permear las estructuras estatales, a menudo minadas por la corrupción o la falta de recursos.
La conclusión: un paso anunciado, un camino por demostrar
Al final de la sesión en Palacio Nacional, el Acuerdo Nacional Contra la Extorsión se erige como la respuesta institucional a una demanda social creciente. Revela, por un lado, la voluntad política de abordar el problema con un marco común. Por otro, expone la complejidad monstruosa de un delito que se nutre del miedo y la desconfianza en la autoridad.
La revelación significativa para el ciudadano no es solo el plan en sí, sino el espejo que este le pone al sistema. El éxito o fracaso de esta iniciativa medirá, de manera cruda, la capacidad real del Estado mexicano para coordinar sus tres niveles de gobierno frente a la delincuencia. El escepticismo saludable obliga a observar más allá del anuncio. El verdadero titular se escribirá en los próximos meses, no en los salones presidenciales, sino en la tasa de denuncias resueltas, en la sensación de seguridad de los pequeños comercios y en la capacidad para desarticular, de raíz, las estructuras financieras y operativas de los extorsionadores. La investigación, por lo tanto, apenas comienza.
