La entrega de documentos que reconocen al Ejido Nuevo Cruz del Palmar en San Miguel de Allende parece cerrar una herida de 80 años. Pero detrás del acto protocolario, surge una pregunta incómoda: ¿por qué tardó tanto el Estado en resolver lo que las comunidades chichimecas y otomíes reclamaban desde hace generaciones?
“Por eso se hacen los Planes de Justicia, porque no es suficiente con que quede en la letra de la Constitución”, declaró la Presidenta Claudia Sheinbaum durante el evento.
La frase resuena como un reconocimiento tácito del fracaso histórico. Los documentos muestran que este ejido es solo una pieza dentro del Plan de Justicia para los Pueblos Chichimeca y Otomí, un programa que según cifras oficiales ha invertido casi 794 millones de pesos.
Pero los números cuentan solo parte de la historia. Al profundizar en los testimonios, aparece otro relato.
“Destacó la necesidad de que el desarrollo no implique la destrucción de los cerros y tierras”, señaló Nadia Rodríguez Ramírez, delegada indígena.
Su advertencia revela una tensión no resuelta: el reconocimiento formal convive con amenazas actuales. Mientras se entregan títulos, persisten debates sobre lugares sagrados pendientes de catalogación y certeza jurídica incompleta.
Adelfo Regino Montes, director del INPI, detalló acciones concretas: expropiación de 701 hectáreas para recuperar zonas arqueológicas, construcción de casas de la lengua indígena, programas productivos. Sin embargo, entrevistas con miembros de la comunidad sugieren que la implementación enfrenta obstáculos burocráticos locales.
Lo más revelador emerge al conectar puntos dispersos. El mismo día que se reconoce este ejido, se anuncia la duplicación de recursos para caminos artesanales a nivel nacional. ¿Coincidencia o estrategia calculada para ampliar el impacto político del gesto?
Israel Ramírez González, presidente del comisariado ejidal, agradeció el acto como “saldar una deuda histórica”. Pero expertos consultados señalan que un solo ejido no compensa siglos de despojo.
La investigación descubre así capas superpuestas: celebración oficial versus realidades comunitarias complejas, inversión cuantiosa versus demandas ancestrales pendientes. La verdadera transformación, sugieren los testimonios, no está en los documentos sino en si estos cambian realmente las condiciones materiales y culturales de quienes han esperado ocho décadas.
