El Senado de México aprobó la nueva Ley General de Aguas, un marco normativo que desvincula el derecho al agua de la propiedad de la tierra para evitar su especulación, y la remitió al Ejecutivo para su promulgación. La ley, aprobada con un amplio respaldo oficial pero con fuerte oposición que la critica por ser inconstitucional y dañina para la inversión, marca un hito en la gestión de este recurso vital.