La noticia llegó como un rumor, uno de esos que circulan por los pasillos del poder antes de estallar en los titulares. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE, estarían desplegándose para los próximos Juegos Olímpicos de Invierno en Milán y Cortina d’Ampezzo. Pero, ¿qué hace una agencia tan vinculada a la política migratoria de Donald Trump en un evento deportivo internacional?
La respuesta oficial habla de rutina. Miembros del Homeland Security Investigations (HSI), una unidad del ICE, apoyarán la seguridad de la delegación estadounidense a partir del 6 de febrero. ‘Es una práctica habitual’, repiten algunos portavoces. Sin embargo, las fuentes consultadas para esta investigación pintan un cuadro distinto. El contexto actual no es habitual.
‘El gobierno italiano reaccionó de manera errática’, confiesa un funcionario cercano al caso bajo condición de anonimato.
Primero negaron la llegada de los agentes. Luego, tuvieron que confirmarla. La primera ministra Giorgia Meloni se encontró atrapada entre la alianza con Washington y la presión interna. Las autoridades italianas subrayan ahora que los funcionarios del ICE no realizarán tareas de control migratorio y que toda la seguridad estará bajo jurisdicción local. Pero el daño político ya estaba hecho.
La verdadera pregunta que emerge de los documentos y declaraciones cruzadas es más profunda: ¿Se trata solo de seguridad deportiva o es la sombra de la política migratoria estadounidense proyectándose sobre Europa? Distintos sectores sociales italianos han expresado un rechazo visceral. No ven a agentes de seguridad, ven el símbolo de una política controvertida.
Lo que comenzó como un detalle logístico se ha convertido en un espejo. Refleja las tensiones no declaradas entre socios, el malestar por métodos criticados y cómo un evento global puede desnudar las fracturas políticas que prefieren mantenerse ocultas. La pista de hielo olímpica será también escenario de un delicado juego diplomático.
