La orden de prisión preventiva contra el expresidente Luis Arce marca un punto de inflexión en la turbia historia del caso Fondo Indígena. Tras años de observación política, he visto cómo estos procesos judiciales de alto perfil suelen ser un espejo de las tensiones del poder: avanzan con lentitud glacial hasta que un cambio en el viento político les imprime una velocidad inusitada. El juez Elmer Laura, en una audiencia virtual, determinó que el exmandatario de 62 años cumpla cinco meses de detención en el penal de San Pedro, en La Paz, superando incluso el pedido de la fiscalía. Esta decisión, más allá de los alegatos de salud y persecución política, envía un mensaje contundente sobre la seriedad con la que el sistema, en este momento, está abordando las acusaciones.
La esencia del caso, que estalló en 2017 pero cuyas raíces se remontan a 2015, es un patrón clásico en los escándalos de malversación: la autorización para que recursos públicos designados para comunidades vulnerables—en este caso, el Fondo Indígena—terminaran en cuentas particulares. En mi experiencia, estos mecanismos rara vez son obra de una sola persona; suelen operar como una cadena de complicidades y delegaciones de responsabilidad. El propio Arce declaró ante el juez que él “delegó responsabilidades”, un argumento que los fiscales suelen desmontar demostrando el conocimiento y la supervisión que un ministro de Economía debe ejercer sobre flujos de tal magnitud, presuntamente más de 51 millones de dólares.
Las declaraciones de Arce desde su detención, calificando el procedimiento de “irregular e ilegal” y denunciando una persecución política, son un guion previsible pero no por ello carente de peso. La política boliviana está tan polarizada que cualquier acción judicial contra una figura prominente del anterior gobierno del MAS es inmediatamente leída a través de un lente político. La reapertura de la investigación bajo la administración del centroderechista Rodrigo Paz alimenta esta narrativa. Sin embargo, la lección dura que he aprendido es que la existencia de un móvil político no invalida automáticamente la existencia de un delito. La verdad judicial y la percepción política corren por carriles paralelos que rara vez se cruzan.
Un elemento humano crucial es la salud del expresidente. Diagnosticado con cáncer de riñón en 2017, su condición requiere controles periódicos. El juez ordenó que reciba la “atención médica que requiere”, un punto delicado donde la justicia debe balancear el rigor de la prisión preventiva con la obligación de preservar la integridad del imputado. He visto casos donde la gestión de la salud en prisión se convierte en un campo de batalla adicional, desviando la atención del fondo del caso.
El impacto político es inmediato y profundo. La detención de Arce ocurre mientras el gobierno de Paz enfrenta protestas por la escasez de combustible y una crisis económica severa. Este movimiento judicial puede interpretarse como una demostración de fuerza o, para sus críticos, como una maniobra de distracción. Además, la sombra de Evo Morales, cuyo posible llamado a declarar ha puesto “en alerta” a sus bases en el Chapare, planea sobre todo el proceso. La complejidad aquí es estratosférica: se entremezclan acusaciones de corrupción económica, un antiguo caso de abuso de una menor contra Morales, y el pulso por el control del movimiento social que gobernó Bolivia por casi veinte años.
En definitiva, más allá de los titulares, este episodio representa un test de estrés para las instituciones bolivianas. Pondrá a prueba la independencia del poder judicial, la resiliencia del sistema político y la capacidad de la sociedad para discernir entre justicia y vendetta. El camino por delante estará lleno de apelaciones, declaraciones mediáticas y movilizaciones. La prisión preventiva es solo el primer acto de un drama judicial y político que promete definir el clima de Bolivia en los próximos meses.
