La verdad sobre Belo Monte sale a la luz, y no es bonita. Después de años de batallas legales y promesas incumplidas, los tribunales brasileños han dictaminado lo que las comunidades del Xingu sabían desde el principio: el impacto de esta mega represa ha sido devastador.
“Sólo confirmaron lo que ya sabíamos”, dice Ana Laíde Barbosa del Movimento Xingu Vivo.
Su grupo lleva luchando contra este proyecto desde 2008. Y tiene razón. Los papeles oficiales ahora reconocen lo evidente: los ecosistemas y las comunidades indígenas pagaron un precio altísimo por esa energía.
El agua que se llevó, la vida que se secó.
El caso es emblemático. Belo Monte fue diseñada para ser ‘más amigable’, evitando grandes embalses. Pero la realidad fue otra. El desvío del río Xingu secó fuentes naturales, dejando a pueblos enteros dependiendo del agua embotellada.
Por eso un tribunal local ordenó a Norte Energia, la operadora, suministrar agua potable. La empresa ha empezado a repartir garrafones cada 15 días, aunque líderes locales dicen que no llega a todos.
La sentencia que podría cambiar las reglas del juego.
Lo más contundente vino después. Un juez federal ordenó reevaluar cuánta agua se desvía para las turbinas. Esto podría reducir la producción de energía de la planta, que hoy da el 10% de la electricidad de Brasil.
Norte Energia dice que apelará y que su modelo actual ‘equilibra’ ambiente y seguridad energética. Pero el Supremo Tribunal Federal ya ordenó al gobierno pagar 19 millones de reales en compensación a comunidades indígenas.
Una lección costosa para Brasil.
Este caso pone en duda toda la estrategia energética del país, tan dependiente de las hidroeléctricas. Belo Monte fue un sueño de la dictadura militar en los 70, revivido por Lula en 2010.
Una década después de empezar a operar en 2016, queda claro: algunas promesas son demasiado grandes para cumplirse cuando se prioriza la energía sobre las personas.
