Una Desestructuración Sistémica: Reimaginando la Educación más Allá de la Burocracia
Una nueva oleada de despidos en el Departamento de Educación está desmantelando una agencia que ya fue severamente diezmada durante la administración Trump, generando una incertidumbre profunda que afecta desde la educación especial hasta la aplicación de los derechos civiles y las iniciativas extracurriculares.
El gobierno inició el despido de 466 empleados este viernes, como parte de una estrategia federal de recortes masivos de personal. Esta medida reduciría la plantilla de la agencia en casi un veinte por ciento, dejándola con menos de la mitad del personal que tenía cuando el presidente Donald Trump asumió la presidencia.
Estos recortes son la materialización de un plan más ambicioso: la disolución del Departamento de Educación y la redistribución de sus competencias a otros organismos. Este proceso ya está en marcha, con la transferencia de los programas de educación para adultos y formación laboral al Departamento de Trabajo, y las negociaciones para traspasar la cartera de préstamos estudiantiles, valorada en 1,6 billones de dólares, al Departamento del Tesoro.
La falta de transparencia oficial sobre los detalles específicos de los despidos es notable. La AFGE Local 252, el sindicato que representa a más de 2.700 trabajadores del departamento, ha alertado de que estos recortes aniquilarán funcionalidades críticas dentro de la agencia.
Según el gremio, la oficina encargada de garantizar que millones de estudiantes con discapacidades reciban el apoyo educativo que merecen será virtualmente eliminada. Asimismo, se desconoce el impacto exacto en la Oficina de Derechos Civiles, un pilar en la investigación de denuncias por discriminación en instituciones educativas de todo el país.
Los equipos que gestionan y supervisan el flujo de subvenciones federales a las escuelas también serán desarticulados o severamente mermados. Esto impacta directamente en el Título I, destinado a centros educativos en zonas de bajos ingresos, y en el programa de Centros de Aprendizaje Comunitario del Siglo XXI, la principal fuente de financiación federal para actividades extracurriculares y de verano.
Otras áreas afectadas incluyen los programas TRIO, diseñados para apoyar el acceso a la universidad de estudiantes de bajos ingresos, y la oficina que gestiona los fondos para las Universidades Históricamente Negras.
En un comunicado contundente, Rachel Gittleman, presidenta del sindicato, afirmó que estas nuevas reducciones, sumadas a los despidos anteriores, “agravarán el perjuicio a estudiantes de K-12, educandos con discapacidades, universitarios de primera generación, alumnos de bajos ingresos, docentes y juntas escolares locales”.
El declive en la plantilla es drástico: de aproximadamente 4.100 empleados al inicio del mandato de Trump, el departamento quedaría con menos de 2.000 tras estos despidos. Una ronda de recortes en marzo ya había reducido la agencia a la mitad, aunque algunos empleados fueron recontratados posteriormente al admitirse que los recortes habían sido excesivos.
La medida ha suscitado un coro de condenas de diversas organizaciones del sector educativo.
Jodi Grant, directora ejecutiva de la Alianza para el Aprendizaje Extracurricular, destacó el papel crucial del pequeño equipo federal que, aunque los estados gestionan los fondos, proporciona una orientación y apoyo “absolutamente esencial”.
“Despedir a ese equipo es impactante, devastador, carece por completo de justificación y amenaza con infligir un daño duradero”, declaró Grant.
La legalidad de estos últimos despidos está siendo impugnada en los tribunales por la Federación Americana de Empleados del Gobierno y otros sindicatos nacionales. Su demanda, presentada en San Francisco, alega que las oficinas de presupuesto y personal del gobierno sobrepasaron su autoridad al ordenar estos despidos como respuesta al cierre gubernamental.
En su defensa, la administración Trump ha argumentado ante el tribunal que el poder ejecutivo tiene una amplia discreción para reducir la plantilla federal. Además, sostiene que los sindicatos no pueden demostrar un perjuicio inmediato, ya que los empleados no serán separados de sus puestos hasta transcurridos entre 30 y 60 días después de recibir la notificación.
