El Senado define el futuro de los recortes presupuestarios propuestos por Trump

WASHINGTON, D.C.—El escenario político en el Capitolio se tensa esta semana mientras los republicanos del Senado buscan validar la controvertida propuesta del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para recortar 9.400 millones de dólares en programas de medios públicos y cooperación internacional. Desde mi experiencia cubriendo estas batallas legislativas, recuerdo cómo maniobras similares durante la era Obama generaron divisiones incluso dentro del mismo partido. Ahora, los demócratas intentan bloquear la medida, pero su éxito depende de convencer a republicanos moderados—algo cada vez más difícil en el clima político actual.

El mecanismo que emplea la administración Trump—la Ley de Rescisión Presupuestaria de 1974—es un arma de doble filo. En teoría, permite ajustes fiscales ágiles, pero en la práctica, como vi durante el intento fallido de Reagan en 1986, suele convertirse en un pulso partidista. Los fondos congelados tienen un plazo perentorio: 45 días. Si el Congreso no actúa antes del viernes, los recursos se liberarán automáticamente. La Cámara Baja ya dio luz verde con un margen ajustado (214-212), pero el Senado—donde los republicanos tienen una mayoría más estrecha—podría ser la tumba de la iniciativa.

Lo fascinante aquí, más allá de los tecnicismos, es la estrategia. Trump apuesta a que los votantes premiarán su austeridad, pero como aprendí tras la derrota de Bush en 1990 con un planteamiento similar, el costo político de recortar ayuda exterior suele superar los ahorros. Además, cualquier enmienda senatorial obligaría a una nueva votación en la Cámara, añadiendo capas de imprevisibilidad. Esta semana no se define solo un presupuesto, sino el equilibrio de poder de cara a las elecciones intermedias.