La Operación que Redefinió la Soberanía en el Siglo XXI
CARACAS. Las imágenes, obtenidas de forma clandestina, no dejaban lugar a dudas: trazadoras iluminando la oscuridad y explosiones sucesivas rasgando el cielo nocturno de Caracas y una ciudad costera no identificada. Pero, ¿qué revelaban realmente esas grabaciones? Más allá del espectáculo pirotécnico, documentaban el primer acto de una operación sin precedentes: la extracción forzosa de un jefe de Estado de su propio territorio. Horas después, desde su residencia en Mar-a-Lago, el entonces presidente Donald Trump no solo confirmaba la captura de Nicolás Maduro, sino que desvelaba un plan aún más audaz: la administración temporal de Venezuela por parte de Estados Unidos y la explotación de sus vastas reservas petroleras.
Esta maniobra militar, la más asertiva para un cambio de régimen desde la invasión de Irak, coronaba una campaña de presión. Sin embargo, expertos en derecho internacional se preguntaban de inmediato: ¿sobre qué base legal se sustentaba una incursión en un país soberano sin declaración de guerra ni autorización del Congreso estadounidense? La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, denunció el acto y, en un movimiento rápido, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela la designó presidenta interina, planteando la primera gran pregunta: ¿quién ostentaba realmente la legitimidad en el caos post-intervención?
El destino del mandatario depuesto fue tan secreto como su captura. Trasladado primero a un buque de guerra, su viaje culminó en un aeropuerto suburbano de Nueva York. Testigos describen su descenso cauteloso de un avión, rodeado de agentes federales que, irónicamente, grababan con sus teléfonos personales al hombre acusado de narcoterrorismo. Un helicóptero lo depositó en Manhattan, donde una caravana policial lo esperaba. Una cuenta oficial de la Casa Blanca publicó luego un video que buscaba proyectar control: Maduro, sonriente y escoltado por agentes de la DEA. Pero, ¿era esa sonrisa un gesto de complicidad, resignación o un acto calculado? La narrativa oficial chocaba con la imagen de un prisionero en tránsito hacia una celda en una penitenciaría federal de Brooklyn.
El Meticuloso Plan de Derrocamiento
La operación no fue improvisada. Documentos y declaraciones posteriores del alto mando militar estadounidense revelaron un nivel de preparación inquietante. El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, admitió que las fuerzas habían ensayado durante meses, acumulando un dosier íntimo sobre Maduro: sus rutinas, sus hábitos alimenticios, detalles de su vestuario e incluso de sus mascotas. “Pensamos, desarrollamos, entrenamos, ensayamos, informamos, ensayamos una y otra vez”, declaró Caine. “No para hacerlo bien, sino para asegurarnos de no hacerlo mal”. Esta frase, aparentemente técnica, esconde una verdad incómoda: el derrocamiento fue un proyecto de inteligencia a largo plazo, enmarcado en una estrategia más amplia que incluía despliegues navales, interceptación de embarcaciones y hasta un ataque con drones atribuido a la CIA la semana previa.
Maduro había denunciado repetidamente estas acciones como un plan apenas velado para destituirlo. Los hechos del sábado demostraron que sus advertencias no eran retórica paranoica, sino una lectura precisa de los designios de Washington. La operación evocaba deliberadamente la invasión de Panamá en 1990, que terminó con la captura de Manuel Antonio Noriega. El guion parecía calcado: una incursión nocturna, el apagón de la capital para facilitar el movimiento de fuerzas especiales y la extracción del objetivo.
La Verdadera Agenda: Petróleo y un Nuevo Modelo de Intervención
Sin embargo, la revelación más explosiva vino después de la operación militar. Trump no habló solo de restaurar la democracia o combatir el narcotráfico. Su discurso pivotó hacia un objetivo tangible: el petróleo. Anunció que Estados Unidos “arreglaría” la infraestructura petrolera venezolana y vendería “grandes cantidades” de crudo a otras naciones. Esta declaración transformaba la narrativa de “intervención humanitaria” o “lucha antinarcóticos” en una de control geoeconómico. La pregunta incisiva surge sola: ¿fue la acusación de narcoterrorismo el *casus belli* conveniente para acceder a las mayores reservas de hidrocarburos del planeta?
La afirmación de que Washington “ayudaría a administrar” el país, sin que hubiera señales visibles de un gobierno de transición venezolano, apuntaba a un protectorado de facto. “Vamos a administrar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”, dijo Trump. Pero, ¿administrado por quién? ¿Bajo qué mandato internacional? ¿Y transición hacia qué? Las dudas legales y éticas se acumulaban.
La conclusión que emerge de conectar estos puntos es alarmante. Esta no fue una simple misión de captura. Fue la ejecución de un protocolo que combina inteligencia militar, guerra psicológica, lawfare (uso estratégico de leyes) y una justificación económica final. Revela un modelo de intervención del siglo XXI: rápido, mediáticamente efectivo y con un objetivo de recursos estratégicos claro. La operación contra Maduro no solo derrocó a un presidente; puso a prueba los pilares del sistema de soberanía nacional y sentó un peligroso precedente sobre cuándo y cómo una potencia puede apoderarse de los recursos de otra nación, redefiniendo los límites de la injerencia en la era moderna.
