El gobierno de Estados Unidos ha endurecido de manera significativa su política migratoria, acelerando contrataciones y ampliando operativos para incrementar las detenciones y expulsiones de personas indocumentadas dentro del país.
De acuerdo con información oficial, la división Enforcement and Removal Operations (ERO), encargada de identificar, arrestar y procesar a migrantes en el interior del territorio estadounidense, aumentó su personal de campo de 10 mil a 22 mil agentes y oficiales durante el mes de enero, lo que ha permitido ampliar su capacidad operativa.
Como resultado de esta estrategia, actualmente se encuentran detenidas alrededor de 73 mil personas, la cifra más alta en la historia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este número representa un incremento del 84 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Sin embargo, los datos revelan que menos de la mitad de los detenidos, el 47 por ciento, cuenta con antecedentes criminales en Estados Unidos, lo que ha generado cuestionamientos sobre el alcance de las medidas implementadas.
La administración del presidente Donald Trump ha planteado como objetivo ampliar la capacidad de detención hasta un promedio de 100 mil personas por día, mediante la apertura de nuevos centros y la expansión de instalaciones ya existentes.
En contraste, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reportó en marzo alrededor de 7 mil 180 detenciones en la frontera, el nivel mensual más bajo en al menos dos décadas.
El centro de análisis Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) informó que, al 30 de noviembre de 2025, había 65 mil 735 personas bajo detención de ICE y que el 73.6 por ciento de ellas no presentaba antecedentes penales, cifras que difieren de las reportadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Paralelamente, los programas de Alternativas a la Detención (ATD) monitoreaban a 182 mil 9 personas mediante dispositivos de rastreo, citas judiciales y otros mecanismos de control.
Otro de los cambios relevantes ha sido el desmantelamiento del sistema ligado a la aplicación CBP One, que durante 2023 y 2024 permitió a cientos de miles de migrantes programar ingresos legales por razones humanitarias. En abril, el DHS comenzó a exigir a algunos beneficiarios que abandonaran el país y reportaran su salida mediante la nueva aplicación CBP Home.
Asimismo, se restringió el programa de libertad condicional humanitaria para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, conocido como CHNV.
En el ámbito consular, el gobierno anunció la suspensión del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos Brasil, Colombia, Guatemala, Uruguay, Afganistán, Irán, Rusia y Somalia. La medida entrará en vigor el próximo 21 de enero y ha sido calificada por organizaciones civiles como discriminatoria y xenófoba.
Como parte de esta estrategia de endurecimiento, el DHS propuso ampliar los criterios para determinar quién puede convertirse en “carga pública”, una decisión que, según expertos, podría desalentar a miles de familias a solicitar apoyos médicos o sociales por temor a represalias migratorias.
El paquete legislativo denominado One Big Beautiful Bill Act financiará la contratación de 12 mil nuevos agentes para ICE y la creación de 80 mil camas adicionales de detención. Además, otras agencias federales como el FBI y la DEA podrán sumarse a tareas de aplicación migratoria.
Con estas medidas, el gobierno estadounidense apuesta por un rediseño integral de su sistema migratorio, enfocado en un mayor control, más detenciones y una aplicación más estricta de la ley, lo que anticipa un 2026 marcado por políticas aún más restrictivas para la población migrante.
