Foto: Agencia AP.
Esta es una de esas historias que te recuerdan por qué el derecho internacional existe. Y por qué, a veces, se queda corto.
Familiares de dos ciudadanos de Trinidad y Tobago muertos en uno de los más de treinta ataques a embarcaciones ordenados por el gobierno del entonces presidente Donald Trump el otoño pasado presentaron una demanda este martes. Alegan que fue un crimen de guerra y parte de una campaña militar “abiertamente ilegal”.
“Estas muertes premeditadas e intencionales carecen de cualquier justificación legal plausible. Por lo tanto, fueron simples asesinatos”, dice la demanda.
Es el primer caso que busca responsabilizar a Washington por una muerte resultante de estos operativos. Pone a prueba la justificación legal de Trump, quien decía que los ataques eran necesarios para frenar el flujo de drogas. Muchos expertos ven esto como una violación flagrante de las leyes de guerra.
La Casa Blanca, a través de su subsecretaria de prensa Anna Kelly, defendió el ataque diciendo que fue contra “narcoterroristas designados que traían veneno mortal a nuestras costas”.
Pero la demanda pinta un cuadro muy distinto. Chad Joseph y Rishi Samaroo no eran narcotraficantes. Eran pescadores. Estaban volviendo a casa a Las Cuevas, su comunidad en Trinidad, en una lancha cuando fueron alcanzados por misiles.
“Estos asesinatos fueron injustos porque ocurrieron fuera de un conflicto armado”, argumenta la denuncia.
Jen Nessel, del Centro para los Derechos Constitucionales, confirmó que esta es la primera vez que se impugna en los tribunales la legalidad misma de estos ataques. Su organización también pidió información sobre la justificación legal bajo la Ley de Libertad de Información.
Jeffrey Stein, abogado de la ACLU, fue claro con los periodistas: buscan compensación y algo más importante.
“Estamos buscando una compensación que pueda contribuir de alguna manera a lograr justicia por estos atroces abusos”, dijo Stein. La demanda también busca “prevenir ataques futuros” y que un tribunal rechace las afirmaciones “francamente absurdas” sobre la autoridad para realizar estos operativos.
Se presentó en un tribunal federal en Massachusetts bajo leyes que permiten casos por negligencia y violaciones de derechos humanos contra extranjeros.
El saldo humano es grave. El ejército estadounidense confirmó el lunes que al menos 126 personas han muerto por estos ataques desde septiembre. 116 fallecieron al momento en al menos 36 incidentes. Otras 10 se dan por desaparecidas y presuntamente muertas en alta mar.
