Un juez federal ordenó la liberación inmediata de un niño de cinco años, identificado como Liam, y de su padre, quienes se encontraban bajo custodia federal tras una detención realizada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, Minnesota.
El fallo, emitido por el juez federal Fred Biery, establece que ambos debían ser liberados “tan pronto como sea posible” y, a más tardar, el martes, mientras su caso migratorio continúa su curso dentro del sistema judicial. Padre e hijo fueron liberados el domingo y regresaron a Minnesota.
En su resolución, el juez lanzó severas críticas contra las prácticas migratorias del Gobierno de Estados Unidos, al señalar que la detención se derivó de una política enfocada en cumplir cuotas diarias de deportación, incluso a costa de generar un impacto traumático en menores de edad. Biery cuestionó además el uso de órdenes administrativas emitidas por el poder ejecutivo sin la autorización de un juez, al considerar que no cumplen con el estándar constitucional de causa probable.
El caso generó indignación pública tras difundirse la imagen de un agente migratorio sosteniendo la mochila del menor durante la detención, lo que reavivó el debate sobre el trato a niños y familias durante operativos migratorios. De acuerdo con autoridades escolares, Liam es el cuarto alumno de su distrito que ha sido detenido por agentes federales en un lapso de dos semanas.
Familiares, líderes comunitarios y autoridades educativas acusaron a los agentes de inmigración de utilizar al niño como medio de presión para obligar a su madre a salir del domicilio. La mujer, quien se encuentra embarazada, habría permanecido dentro de la vivienda por temor a ser detenida. No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó estas acusaciones y aseguró que los agentes actuaron conforme a los protocolos, negando que el menor haya sido utilizado como “cebo”.
El DHS calificó al padre de Liam como un inmigrante indocumentado; sin embargo, su abogado afirmó que la familia ingresó legalmente a Estados Unidos en diciembre de 2024 por Texas y solicitó asilo al huir de la inestabilidad económica en Ecuador. Hasta el momento, no se han reportado antecedentes penales del padre ni en Estados Unidos ni en su país de origen.
Aunque el juez reconoció que padre e hijo podrían enfrentar un proceso de deportación en el futuro, subrayó que este debe realizarse mediante procedimientos ordenados y humanos. El Gobierno federal informó que analiza la posibilidad de apelar la resolución.
