La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha iniciado diligencias de investigación penal preprocesales, de carácter secreto, a raíz de una denuncia presentada el pasado 5 de enero contra el cantante Julio Iglesias. La denuncia, interpuesta por dos mujeres que trabajaron para el artista, lo acusa de presuntos delitos de acoso y agresión sexual, hechos que habrían tenido lugar en el año 2021.
Según han confirmado fuentes fiscales a la Agencia EFE, el Ministerio Público ha abierto estas actuaciones para determinar el alcance exacto de las alegaciones. Dado el carácter reservado de esta fase inicial, las fuentes no han podido precisar los delitos concretos que se están analizando, aunque la investigación se centra en los graves hechos denunciados.
La apertura de esta investigación coincide con la publicación de un extenso reportaje periodístico realizado de forma conjunta por eldiario.es en España y Univisión Noticias en Estados Unidos. Dicho trabajo recoge los testimonios de dos mujeres, una empleada del hogar y una fisioterapeuta, que relatan presuntas agresiones y un entorno laboral vejatorio en propiedades del cantante ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España.
Los medios aseguran haber contrastado las declaraciones de las denunciantes con entrevistas a profesionales que las atendieron por las secuelas de los hechos. Además, afirman disponer de documentación que respalda la relación laboral de las mujeres con Julio Iglesias. Esta documentación incluiría contratos, fotografías, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios gestionados por el entorno del artista.
Los relatos detallan un patrón de conducta que incluiría, según las denunciantes, agresiones sexuales con penetración sin consentimiento, además de bofetadas, humillaciones y vejaciones sistemáticas dirigidas tanto a ellas como a otras empleadas. La investigación periodística, firmada por cinco profesionales, señala que todos los intentos de contactar al cantante o a sus representantes legales para recabar su versión de los hechos no obtuvieron respuesta. La Agencia EFE también ha intentado, sin éxito, conseguir una declaración del entorno de Iglesias.
Ante la revelación de estos hechos, el Gobierno español ha manifestado su postura de forma clara. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, tras la reunión del Consejo de Ministros, afirmó que “no vamos a mirar hacia otro lado” y subrayó la necesidad de que no exista “ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad”. Saiz otorgó veracidad a las informaciones publicadas y expresó el apoyo del Gobierno a que se llegue “hasta el final” en la investigación.
En la misma línea, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, utilizó la red social X para recalcar que “ante el machismo, no se puede mirar para otro lado porque la negación intensifica el problema”. La ministra mostró su confianza en que el caso “se investigue y se llegue hasta el final”, reflejando la sensibilidad institucional ante este tipo de denuncias y la importancia de un procedimiento judicial exhaustivo.
La apertura de diligencias por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, un órgano especializado en delitos complejos y de gran alcance, otorga una dimensión judicial formal a las acusaciones. Este paso convierte las alegaciones en el objeto de una investigación penal que, en esta fase preliminar y secreta, busca recabar elementos de juicio suficientes para decidir si se formula acusación y se abre un juicio oral, o si, por el contrario, se archivan las actuaciones. El proceso se desarrolla ahora en el ámbito estrictamente legal, donde primarán las pruebas y las declaraciones formales ante la justicia.
