La fiscal general de los Estados Unidos, Pamela Bondi, confirmó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, serán presentados ante la corte federal del Distrito Sur de Nueva York para enfrentar una serie de acusaciones penales de alto nivel. Los cargos incluyen conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense y posesión de armas de fuego, incluidas ametralladoras, con la intención de usarlas contra Estados Unidos. Este anuncio se produce inmediatamente después de que ambos fueran capturados en suelo venezolano durante una incursión militar estadounidense ejecutada en las primeras horas del 3 de enero.
Bondi detalló la acusación a través de un comunicado en redes sociales, afirmando que “pronto enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en cortes estadounidenses”. La gravedad de los cargos, particularmente el de narcoterrorismo, refleja una estrategia legal de larga data del Departamento de Justicia, que busca procesar a líderes extranjeros bajo estatutos que permiten una jurisdicción amplia cuando las actividades ilícitas tienen un impacto directo en la seguridad nacional y la salud pública de Estados Unidos. Este marco legal equipara el tráfico de drogas a gran escala con una forma de terrorismo, al argumentar que financia y sostiene regímenes considerados hostiles.
“Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado por conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importación de cocaína y posesión de ametralladoras e instrumentos de destrucción en contra de los Estados Unidos. Pronto enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en cortes estadounidenses”, escribió la fiscal Bondi.
La fiscal general extendió un agradecimiento explícito al presidente Donald Trump por autorizar la operación, describiéndola como una acción de rendición de cuentas. Reconoció el papel de las fuerzas armadas en lo que calificó como una “increíble y altamente exitosa misión” para capturar a lo que las autoridades estadounidenses consideran “presuntos narcotraficantes internacionales”. Este reconocimiento público vincula directamente la acción militar con la estrategia judicial posterior, presentando ambos eventos como partes secuenciales de una misma política de estado.
“A nombre de todo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quiero agradecer al presidente Trump por tener el coraje para demandar la rendición de cuentas a nombre de los estadounidenses, y un gran agradecimiento a nuestro valiente ejército que llevó a cabo la increíble y altamente exitosa misión para capturar a esos dos presuntos narcotraficantes internacionales”, concluyó la fiscal general.
La captura se produjo en el contexto de lo que fuentes venezolanas y reportes de medios abiertos describen como una agresión militar directa. Según estos informes, alrededor de las dos de la madrugada, hora local, varios puntos de Venezuela fueron atacados por fuerzas estadounidenses en una operación que se extendió por varias horas. El presidente Trump confirmó la acción en su plataforma Truth Social, declarando el éxito de un “ataque a gran escala” que resultó en la captura y extracción del país de Maduro y su esposa. Esta operación representa una escalada sin precedentes en las tensiones entre ambos países, traspasando el ámbito de las sanciones económicas y la presión diplomática para convertirse en una intervención militar directa con el objetivo explícito de detener a un jefe de estado en funciones.
“Los Estados Unidos de América han llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, Nicolás Maduro, quien ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado del país”, señaló Trump en su red social Truth Social.
El traslado de Maduro y Flores a territorio estadounidense para ser juzgados establece un precedente jurídico y geopolítico de enormes consecuencias. El proceso legal en Manhattan será observado a nivel global, no solo por los cargos en sí, sino por el complejo debate sobre jurisdicción, inmunidad de jefes de estado y el uso de la fuerza militar para ejecutar detenciones en el marco de procesos penales. El caso probará la capacidad del sistema judicial estadounidense para manejar un juicio de esta magnitud política, mientras que las implicaciones para las relaciones internacionales y el derecho internacional son profundas, redefiniendo los límites de la acción unilateral en la persecución de delitos transnacionales.
