Estados Unidos ha anulado más de 100,000 visas durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump, una cifra que establece un récord histórico y duplica con creces los datos del año anterior bajo la administración del demócrata Joe Biden. Este movimiento se enmarca dentro de una política migratoria más estricta, priorizada desde el discurso inicial de esta nueva etapa gubernamental, y refleja un enfoque sistemático hacia el control fronterizo y la seguridad interior.
Según las cifras oficiales proporcionadas por el Departamento de Estado, la revocación masiva de permisos de entrada y residencia temporal responde, en una proporción significativa, a la comisión de delitos por parte de los titulares. Entre las infracciones que han motivado estas cancelaciones se encuentran agresiones y conducir bajo los efectos del alcohol, acciones que, según la postura oficial, justifican la medida para proteger a la ciudadanía estadounidense. El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, subrayó que la protección de los ciudadanos y la defensa de la soberanía nacional constituyen la máxima prioridad para esta administración.
Sin embargo, el alcance de las revocaciones trasciende el ámbito penal. Un segmento notable, 8,000 visas, corresponde específicamente a estudiantes. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha defendido abiertamente la cancelación de visas de estudiantes que participaron en protestas contra Israel, una acción amparada en una legislación de la era del senador Joseph McCarthy. Esta ley, a menudo denominada como la enmienda McCarran-Walter, faculta al gobierno para denegar la entrada a extranjeros cuyas actividades o declaraciones se consideren perjudiciales para los intereses de la política exterior de Estados Unidos. Aunque esta herramienta legal ha sido aplicada, algunos casos de alto perfil han demostrado su vulnerabilidad ante recursos judiciales, donde afectados han logrado impugnar con éxito las órdenes de deportación derivadas.
El procedimiento para obtener una visa también se ha visto sustancialmente modificado, incorporando mecanismos de escrutinio más exhaustivos. Las autoridades consulares ahora realizan revisiones metódicas de las publicaciones en redes sociales de los solicitantes, evaluando el contenido para identificar posibles riesgos o incongruencias con los requisitos de admisión. Este endurecimiento de los controles previos busca, en teoría, prevenir la entrada de individuos cuyos antecedentes digitales puedan sugerir una amenaza para la seguridad pública o la estabilidad nacional.
La política de revocación de visas no es un hecho aislado, sino un componente integral de una estrategia migratoria más amplia y agresiva. Se articula en paralelo con una campaña de deportaciones masivas, ejecutada mediante un incremento sustancial en el despliegue y las facultades de los agentes federales encargados de la aplicación de la ley migratoria. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional difundidos el mes pasado, la administración Trump ha procedido a la deportación de más de 605,000 personas, a lo que se suma un éxodo voluntario de aproximadamente 2.5 millones de individuos que optaron por abandonar el país ante el clima de incertidumbre y la presión institucional.
El impacto de estas medidas es multifacético. A nivel operativo, supone una reasignación masiva de recursos humanos y logísticos hacia las agencias de inmigración. En el plano diplomático, introduce tensiones en las relaciones con países de origen de los deportados y afecta la percepción global de Estados Unidos como destino para el talento internacional, especialmente en el ámbito académico. Económicamente, sectores que dependen de mano de obra extranjera, como la agricultura, la hostelería y la tecnología, podrían enfrentar escasez de trabajadores. Socialmente, genera un clima de temor e inestabilidad en comunidades de inmigrantes, incluso entre aquellos con estatus legal, y plantea serios debates sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos individuales, así como sobre la aplicación de leyes históricas en un contexto contemporáneo.
Este enfoque representa una consolidación y aceleración de las políticas que caracterizaron el primer mandato de Trump, ahora implementadas con una infraestructura legal y operativa más depurada. El récord en la revocación de visas simboliza, por tanto, una frontera administrativa más rígida, donde el permiso para permanecer en el país se considera revocable bajo un espectro amplio de circunstancias, que van desde delitos graves hasta la disidencia política expresada en foros públicos. La evolución de esta política y su resistencia ante los desafíos legales que sin duda enfrentará marcarán el rumbo del panorama migratorio estadounidense en los próximos años.
