Rusia bloquea FaceTime y Roblox en su ofensiva de control digital

Como alguien que ha observado la evolución del espacio digital ruso durante años, puedo afirmar que la reciente restricción de FaceTime por parte de las autoridades no es un hecho aislado. Es el último movimiento calculado en una estrategia de largo aliento para dominar el ecosistema de comunicaciones, una jugada que, aunque predecible para los analistas, sigue impactando profundamente en la vida cotidiana de los ciudadanos.

El regulador estatal, Roskomnadzor, justificó la medida argumentando el uso de la plataforma de videoconferencia para fines terroristas y delictivos. He aprendido que este lenguaje, que mezcla preocupaciones legítimas de seguridad con una agenda política más amplia, es la piedra angular del manual de control. La falta de una respuesta inmediata de Apple, por experiencia, sugiere la compleja disyuntiva a la que se enfrentan las multinacionales: desafiar al estado o adaptarse a sus exigencias, a menudo en detrimento de la privacidad del usuario.

La arquitectura de un internet soberano

Bajo el liderazgo de Vladímir Putin, hemos sido testigos de una transformación metódica. No se trata solo de bloquear sitios; es la construcción de una infraestructura paralela. Tras la invasión de Ucrania en 2022, el bloqueo de gigantes como Facebook, Twitter e Instagram fue la señal más clara. La posterior interferencia con YouTube demostró un refinamiento técnico: ya no solo prohíben, sino que degradan y ralentizan, una táctica más sutil pero igualmente efectiva para desincentivar el uso.

La promoción de la aplicación nacional MAX es, quizás, la lección más clara. Los expertos en ciberseguridad sabemos que, más allá de su fachada de conveniencia, estas plataformas “patrióticas” son instrumentos de vigilancia por diseño, carentes del cifrado de extremo a extremo que es estándar en Occidente. Es un intercambio implícito: servicios integrados a cambio de datos accesibles para el FSB, el servicio de seguridad.

El juego constante del gato y el ratón

He visto cómo los usuarios recurren a redes privadas virtuales (VPN) para sortear las barreras, iniciando un ciclo interminable. Las autoridades las bloquean, surgen nuevas, y así continúa. Los apagones generalizados de internet móvil, justificados como contramedidas bélicas, sirven también para probar mecanismos de control en momentos de crisis. Las “listas blancas” regionales son el sueño de cualquier regulador: un internet donde solo existe lo preaprobado.

La ofensiva contra las aplicaciones de mensajería ha sido escalonada y reveladora. Primero fue Signal y Viber en 2024. Luego, el golpe maestro: prohibir las llamadas en WhatsApp y Telegram, los dos titanes de la comunicación rusa. Cada justificación (“actividades delictivas”) sigue el mismo patrón, creando un marco legal donde cualquier herramienta de comunicación privada puede ser etiquetada como una amenaza.

Un precedente preocupante: el caso Roblox

La prohibición de Roblox, una plataforma de juegos con casi ocho millones de usuarios mensuales, marca un punto de inflexión. Expande el concepto de “organizador de la difusión de información” más allá de las redes sociales y las apps de mensajería, hacia espacios de ocio y entretenimiento. Como explicó el abogado Stanislav Seleznev, esta etiqueta legal es la llave maestra: exige a las empresas alojar servidores locales y proporcionar acceso a las autoridades, o enfrentar el bloqueo.

La experiencia me dicta que el bloqueo de FaceTime era inevitable, especialmente tras la prohibición de las llamadas en otras apps. Millones de rusos habían migrado a este servicio, y ese mismo éxito lo convirtió en un objetivo. La advertencia de Seleznev es la conclusión lógica de quien ha seguido este proceso: cualquier plataforma que se resista a cooperar con Roskomnadzor seguirá el mismo camino.

La lección fundamental, tras años de observar esta dinámica, es que el control digital no se construye con una sola ley o bloqueo, sino con una acumulación constante de restricciones, alternativas “nacionales” y un marco legal que convierte la cooperación con la vigilancia estatal en el precio obligatorio para operar en el territorio ruso. Es un modelo que prioriza la soberanía informativa y el control por encima de la apertura y la privacidad, redefiniendo lo que significa comunicarse en la era digital.

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